El futuro de nuestras ciudades no debería decidirse sin nosotros

Por: Mónica Fonseca

Una mañana aparecen marcas de pintura en la acera de un barrio. Días después llegan trabajadores, se cierran pasos peatonales y comienza una obra. Los vecinos reciben un aviso con fechas y recomendaciones, pero casi nadie entiende por qué se eligió ese diseño ni qué alternativas se estudiaron. Una comerciante teme perder clientes; un adulto mayor pregunta cómo cruzará la calle; una madre quiere saber si el nuevo recorrido será seguro para sus hijos. La decisión ya está tomada. Lo único que queda por discutir parece ser cómo acostumbrarse a ella.

No toda intervención urbana puede someterse a una votación y no todas las decisiones técnicas son sencillas. Pero entre decidirlo todo por encuesta y comunicarlo todo cuando ya es irreversible existe un espacio fundamental: escuchar a tiempo. La tecnología podría ampliar ese espacio; también podría convertirse en una manera más elegante de cerrarlo.

Participar no es hacer clic

En los últimos años hemos aprendido a responder formularios, votar en plataformas y enviar comentarios por canales digitales. Son instrumentos útiles, pero participar no equivale a llenar una casilla. La participación real exige comprender el problema, conocer las opciones, expresar desacuerdos y recibir una explicación sobre cómo se incorporaron —o por qué no se incorporaron— las propuestas ciudadanas.

Cuando una administración anuncia que consultó a miles de personas, deberíamos preguntar quiénes respondieron y quiénes no. ¿Participaron quienes usan menos internet? ¿Se escuchó a las personas con discapacidad? ¿A los vendedores informales, a los cuidadores, a quienes trabajan de noche? Una consulta puede ser masiva y seguir dejando fuera precisamente a quienes vivirán más intensamente sus consecuencias.

Hay, además, una desigualdad que suele pasar inadvertida: participar exige tiempo. Quien puede asistir a una reunión a media mañana, leer un documento técnico o responder una consulta extensa tiene ventajas frente a quien trabaja por turnos, cuida a otras personas o no domina el lenguaje institucional. Por eso, abrir un formulario no equivale a abrir una conversación. La participación requiere horarios diversos, información comprensible y mecanismos que permitan intervenir sin convertirse en especialista. Si solo escuchamos a quienes tienen tiempo y herramientas para hacerse oír, corremos el riesgo de presentar como voluntad colectiva una muestra muy limitada de la ciudad.

Las ciudades se experimentan desde la calle

Los mapas, los sensores y los modelos de datos ayudan a entender flujos de movilidad, uso de espacios y necesidades de infraestructura. Son herramientas valiosas. Pero una calle no es solo un segmento de red vial; también es la ruta de un niño al colegio, el acceso de una persona a su empleo y el lugar donde una comunidad se encuentra. El conocimiento técnico describe una parte del territorio. El conocimiento cotidiano revela otra.

La diferencia importa cuando hablamos de ciudades inteligentes. Una ciudad puede desplegar sistemas de monitoreo, aplicaciones y plataformas de gestión sin haber construido una relación más cercana con sus habitantes. El riesgo no es usar demasiada tecnología; es creer que la disponibilidad de datos sustituye la conversación pública sobre prioridades, costos y efectos.

Escuchar antes, responder después

La Constitución colombiana reconoce la participación ciudadana como principio democrático, y la Ley 1757 de 2015 establece disposiciones para promoverla y protegerla. Pero el desafío no termina en abrir mecanismos formales. Es necesario que las personas reciban información comprensible, que las decisiones sean trazables y que las autoridades rindan cuentas sobre lo que escucharon.

También debemos aceptar que la participación puede producir desacuerdos. Un barrio no piensa con una sola voz. Hay intereses legítimos que chocan y decisiones que implican renuncias. Precisamente por eso escuchar no es prometer que todos obtendrán lo que piden: es mostrar cómo se ponderaron las razones, quién asumirá los costos y qué mecanismos permitirán corregir errores.

Tampoco basta con invitar a la comunidad cuando el proyecto ya está dibujado y el presupuesto comprometido. En esa etapa, muchas veces la conversación se reduce a escoger detalles menores o a explicar por qué no es posible cambiar lo esencial. La confianza se construye antes, cuando todavía existen alternativas reales y las autoridades pueden mostrar qué aspectos están abiertos a discusión. Y se fortalece después, cuando se publica qué se escuchó, qué se modificó y por qué algunas propuestas no se adoptaron. No todas las voces tendrán la misma respuesta, pero todas merecen saber qué ocurrió con sus argumentos.

La tecnología puede facilitar ese ejercicio con mapas comprensibles, consultas accesibles y seguimiento público de compromisos. Pero ninguna plataforma reemplaza la voluntad institucional de modificar una decisión cuando la evidencia ciudadana demuestra que algo no funciona. Una consulta sin capacidad de influir termina pareciéndose más a una encuesta de satisfacción que a una conversación democrática.

Pensemos en una calle que se rediseña para facilitar el tránsito. Sobre el plano, la solución parece lógica. Pero una persona que camina con un coche de bebé, un comerciante que recibe mercancía y alguien que usa silla de ruedas pueden advertir dificultades distintas. Ninguna de esas miradas reemplaza el trabajo de ingeniería; lo completa. Escuchar a tiempo permite anticipar conflictos, corregir detalles y evitar que una obra técnicamente bien diseñada termine siendo una experiencia cotidiana frustrante.

Participar tampoco debería significar que la ciudadanía hable y luego desaparezca del proceso. Hace falta devolver información: qué propuestas se recibieron, cuáles se incorporaron, cuáles no y por qué. Ese ciclo de respuesta es fundamental para la confianza. De lo contrario, la tecnología puede hacer más fácil recoger opiniones y más difícil comprobar si sirvieron para algo. Una consulta digital sin consecuencias visibles corre el riesgo de convertirse en una fotografía de participación, no en una práctica democrática.

Esto exige también una responsabilidad ciudadana. Participar no significa que siempre se impondrá nuestra preferencia individual, ni que toda decisión técnica pueda resolverse por popularidad. Significa reconocer que los conflictos urbanos tienen consecuencias distribuidas de manera desigual y que las soluciones necesitan razones públicas. Quien defiende más espacio para peatones, quien teme perder clientes y quien necesita una ruta accesible pueden estar describiendo necesidades legítimas. La tarea de una ciudad democrática es hacer visibles esas tensiones, contrastar evidencia y construir acuerdos revisables, no esconder el desacuerdo detrás de una plataforma de votación.

Las ciudades del futuro no se construirán únicamente con mejores sistemas. Se construirán con mejores acuerdos entre quienes las administran y quienes las habitan. Antes de celebrar una nueva solución inteligente, convendría preguntarnos: ¿en qué momento pudieron los ciudadanos ayudar a definir el problema que esa solución pretende resolver?

*Docente, speaker, investigadora y consultora estratégica en Smart Cities, transformación digital y sostenibilidad. Fundadora de HumanCity, desde donde promueve una visión de la innovación centrada en las personas, convencida de que el desarrollo tecnológico solo tiene sentido cuando fortalece la confianza, la inclusión, el aprendizaje y la calidad de vida.
Fuentes para verificación editorial
  • Constitución Política de Colombia, artículo 2 — https://www.constitucioncolombia.com/titulo-1/capitulo-0/articulo-2
  • Ley 1757 de 2015, participación democrática — https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
  • ONU-Hábitat, participación y planificación urbana — https://unhabitat.org/topic/urban-planning-and-design

Redactado por:

Mónica Fonseca

Columnista. Docente, speaker, investigadora y consultora estratégica en Smart Cities, transformación digital y sostenibilidad. Convencida de que la innovación solo genera confianza cuando la tecnología avanza al mismo ritmo que la ética, la transparencia y la responsabilidad pública.