¡A exigir con vehemencia la reforma!

Por: Carlos Fernando Guerrero Osorio

Como lo he expresado en otros espacios de opinión, la Constitución de 1991 es un texto de vanguardia, de los mejores del mundo, en el reconocimiento de derechos fundamentales; no hay duda. Sin embargo, sí merece varios reparos sobre la organización del Estado colombiano. Uno de esos aspectos, en lo que hemos insistido incansablemente en varios espacios, es la elección de las cabezas de los órganos de control. Es un desacierto total que éstas sean elegidas con participación de las altas cortes, el presidente y los congresistas, porque les resta independencia y legitimidad; no me cabe duda de que esa actual forma de elección es una de las principales causas de desprestigio que hoy tienen varias instituciones del Estado; estoy convencido de que el llamado ‘sistema de pesos y contrapesos’ con que se sustentó esa forma de elección en la Asamblea Constituyente de 1991 es una falacia.

Se escuchan críticas de todo tipo por la concentración de poder que el actual gobierno nacional tendría porque los órganos de control tienen personas cercanas a él. Pienso que las críticas son acertadas, pero también hay que decir que esa concentración es equivalente a la que ha ocurrido gobierno tras gobierno, en razón a esa pésima y politizada forma de elección que quedó contemplada en la Constitución de 1991. No soy amigo de los ajustes al texto constitucional, pero si queremos dejar a un lado esa eterna discusión sobre las dudas que genera el origen de los altos dignatarios de los órganos de control del país, tenemos que hacer la reforma constitucional correspondiente.

El Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Contralor y el Procurador deben ser elegidos por concurso de méritos estricto, sin intervención alguna de los magistrados de las altas cortes, los congresistas o el presidente; cualquier mínima participación de éstos en la elección de aquellos politiza y enrarece la elección. Punto. Mientras esa forma de elección no cambie, mientras nos sigan vendiendo el discurso de las disque bondades de ‘los pesos y contrapesos’ -que en la práctica es un vulgar intercambio de influencias, puestos y compromisos políticos-, no veo posibilidad alguna de que cese la recalcitrante discusión sobre la independencia de varios altos dignatarios del Estado.

Según los medios de comunicación, el partido Colombia Justa Libres ha presentado un proyecto de reforma constitucional para ajustar esa forma de elección en el sentido correcto. No pertenezco a ese partido ni tengo afinidad con la agenda ideológica que defiende, pero hay que reconocer que el proyecto que ha presentado es acertado. En un debate democrático auténtico y transparente, los ocho debates exigidos para la aprobación de la reforma a la carta política deberían permitir sacar la mejor reforma posible. No obstante, es un ajuste constitucional de difícil aprobación porque el presidente, los congresistas y magistrados de las altas cortes no se van a dejar quitar tan fácilmente su rol en el juego de poder de los órganos de control.

Desde mi punto de vista, como nunca los medios de comunicación y especialmente la ciudanía deben participar con ahínco en este debate público y elevar su voz para que esta reforma constitucional no sea un mero titular de prensa. Si como ciudadanos no actuamos de esta manera, si nos dejamos distraer, seamos conscientes de que el proyecto no pasará; quienes con ansias quieren tener poder a toda costa, no van a permitir que la reforma constitucional prospere, pues sencillamente no les conviene; nos echarán una y otra vez el cuento de ‘los pesos y contrapesos’. Si y solo si la ciudadanía participa enfáticamente en el curso de este proyecto de acto legislativo, podremos tener un Estado que genere mayor confianza, sin dudas sobre posibles compromisos políticos del Fiscal, el Contralor, el Procurador y el Defensor del Pueblo.

Tengo confianza en que una buena parte de la población está de acuerdo con lo que he expuesto y que ejercerá su responsabilidad democrática de controlar y estar atento al debate a esa reforma constitucional. Espero también que el congreso, las altas cortes y el gobierno actuarán al nivel de las exigencias contemporáneas y permitirán que la reforma constitucional sobre una nueva forma de elegir a los funcionarios referidos; ojalá que el gobierno entienda que esta es una verdadera reforma en favor de la lucha contra la corrupción; que los parlamentarios, tanto de la bancada de gobierno como los de oposición, comprendan que es absolutamente inconveniente el juego de la política en la conformación de los órganos de control, y que los magistrados de las altas cortes entiendan que los necesitamos concentrados en la imparcial e independiente impartición de justicia y no participando en la elección de otros funcionarios. Está por verse la gallardía de nuestros altos funcionarios en este asunto. El llamado es a todos: ¡a exigir con vehemencia la reforma!