Catatumbo le hablará al país sobre la persistencia del conflicto

Con el fin de profundizar en la comprensión de los factores de persistencia del conflicto armado en la región, la Comisión de la Verdad, en cumplimiento de sus objetivos de Esclarecimiento, Reconocimiento, Convivencia y No Repetición, adelanta iniciativas que buscan contribuir a sentar bases sólidas para que no se repita el conflicto armado interno, sus causas y las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Por ello, y como una forma de visibilizar, analizar y generar reflexión sobre los impactos de ese conflicto y su persistencia, ha puesto en marcha un proceso de Diálogo para la No Continuidad y la No Repetición del conflicto armado en Catatumbo. Este proceso tendrá su primer espacio público, el próximo 15 de octubre de 2020, a las 9:30 a.m., a través de las redes sociales de la Comisión de la Verdad, Colombia 2020 y El Espectador, y continuará hasta el término de mandato con el desarrollo de múltiples diálogos adicionales que buscan profundizar, a partir de una escucha plural, en los factores de persistencia e identificar contribuciones específicas para la no repetición que permitan instalar e impulsar agendas y procesos vigentes en el territorio.

Por esta razón, la Comisión de la Verdad invita a líderes campesinos y de organizaciones sociales, funcionarios públicos, artistas, jóvenes, excombatientes, representantes de instituciones, organismos de cooperación internacional y de sectores productivos, y a la sociedad en general al primer espacio público del proceso de Diálogo para la No Continuidad y la No Repetición del conflicto armado en la región del Catatumbo.

La situación humanitaria por la que está atravesando el Catatumbo es resultado de la reconfiguración de la dinámica armada que se produce a partir de la desmovilización de las FARC, lo cual está relacionado principalmente con la sostenibilidad de la economía del narcotráfico. No obstante, la relación entre actores armados ilegales y narcotráfico no es un fenómeno reciente en el territorio, sino que se viene forjando desde hace más de tres décadas, en las cuales se han ocasionado numerosas afectaciones contra la vida y la integridad de los catatumberos, afectaciones al medio ambiente, al tejido social, entre otras. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el Catatumbo hay un registro de al menos 341.412 víctimas, siendo los municipios El Tarra y Convención dos de los más afectados, donde se calculan 26.074 y 24.061 desplazamientos y 1.267 homicidios y 1.223, respectivamente.

Situación actual

Desde la firma del Acuerdo de La Habana, en el Catatumbo han sido asesinados 12 desmovilizados de las FARC, hubo 7 masacres, 12 secuestros y 169 homicidios de personas protegidas, según el ELC Norte. Entre 2017 y 2020 se han presentado 92 ataques contra líderes sociales; Tibú con 32 ataques, Teorama con 14 y Ocaña con 13, son los municipios más afectados.

Este año, entre el 27 de marzo y 26 de junio, en Norte de Santander más de 45.000 personas fueron sometidas a confinamiento forzado, el 70% de ellas en el Catatumbo. Además, 22 personas han sido víctimas de minas antipersonal (trece de fuerza pública y nueve civiles), según el Alto Comisionado de la ONU.

Norte de Santander es el departamento con mayor incremento en áreas sembradas de coca (24%), según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Sin embargo, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito ha derivado en un aumento de la tensión entre campesinos y fuerza pública, pues campesinos de la región han denunciado abusos por parte de integrantes del Ejército que adelantan estas acciones.

Sumado a todo lo anterior, en varios municipios de la región se percibe un alto riesgo de trata y explotación sexual por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO), y la vinculación de población venezolana al conflicto, empujados por las condiciones vulnerables de la migración.

Y no sólo los municipios de Norte de Santander y las zonas rurales siguen siendo afectados por el conflicto armado, ya que éste también se ha trasladado a Cúcuta, donde se ha venido agudizando la confrontación entre el Eln y el Epl. Desde 2019, la Defensoría del Pueblo ha activado alertas tempranas en Puerto Santander y la zona rural de Cúcuta debido al control territorial y las alianzas entre el Epl y ‘Los Rastrojos’ para no agredirse, distribuir rentas ilegales y facilitar la movilidad de este último grupo hacia Tibú, lo que posibilitaría su llegada al Catatumbo.

(Prensa Gobernación NDS)

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