Conversión a permanencia

Por: Gonzalo Oliveros Navarro

Irónicamente, en los términos de la normativa colombiana, el Permiso Especial de Permanencia –PEP- expresamente señala que el mismo no otorga permanencia en el país, lo que implica que quien sea beneficiario del mismo no podrá acceder a una cédula de extranjería salvo que aplique para alguna de las visas que, conforme a la normativa correspondiente, lo permiten, para lo cual requerirá tener pasaporte venezolano. 

Uno entiende que, en 2017, cuando se expidió el primer PEP, el gobierno colombiano tenía la percepción de que la situación venezolana se resolvería en corto plazo y los venezolanos retornaríamos a nuestra tierra. 

Empieza el sexto año  de migración importante de nuestros paisanos hacia Colombia. En algún momento de este 2021, más de dos millones de connacionales residiremos en este país, lo que evidencia que los cálculos erraron y lo harán más aún en la medida que seamos incapaces en nuestra tierra de resolver la situación que nos ocupa. 

Ante ese escenario pareciere prudente reconsiderar la no permanencia que el PEP nos atribuye.

Cada vez que se van a cumplir dos años de expedirse el PEP correspondiente, el Estado colombiano abre el lapso de renovación respectivo. Así, en julio de este año se cumplirá la segunda prórroga de dicho mecanismo para el primero de los que fueren emitidos. Durante ese tiempo, quien lo recibió ha participado de la vida del país, coadyuvando con su esfuerzo al crecimiento del mismo. 

Difícilmente podrá afirmarse que, bajo esas condiciones,   la persona que ha sido beneficiaria del PEP no tiene intención de permanencia en el país, pero al estar amparado por ese instrumento, no puede acceder a una cédula de extranjería  y, por ende, no puede optar, pasado el tiempo que la normativa actual prevé,  a solicitar la residencia correspondiente, pues el PEP, como ya se dijo, no acredita permanencia. 
La única posibilidad que tienen los beneficiarios de PEP -distintos al RAMV o al PEPFF- es calificar al sistema de visado. Quienes posean estos últimos están impedidos  de hacerlo al carecer de pasaporte. 

Esa situación que describo debería ser analizada por las autoridades colombianas pues una persona que ha residido en el país por cuatro años, que ha tenido un comportamiento que no ha ameritado sanción de ninguna naturaleza, debería ser considerada para empezar a computarle el tiempo que aquí ha estado –quizás hasta con efecto retroactivo- a los efectos de aplicar a una visa especial, lo que sin duda implicaría la modificación de la normativa aplicable a éstas.

El migrante venezolano que a Colombia ha llegado lo hizo porque las circunstancias lo impulsaron. Si su estancia en el país ha sido ajustada a la conducta que el país exige, parecería conducente que las autoridades diseñen políticas públicas que impliquen un reconocimiento de ello.

 La cédula de extranjería -que todavía hoy es el instrumento que en primera instancia se nos exige para diligenciar algún asunto- sería el medio de identificación idóneo en esas circunstancias y su emisión para quien tenga PEP depende de una modificación normativa, lo que corresponde decidirlo exclusivamente del Estado colombiano.

GacetaRegional

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