Amnistía Internacional denuncia acoso contra activistas y periodistas en la frontera de México y EE.UU.
El gobierno estadounidense habría incurrido desde el año pasado en prácticas de intimidación y amenazas en contra de activistas defensores de derechos humanos que velan por inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, según un reporte dado a conocer hoy por el grupo Amnistía Internacional.
En conferencia de prensa en el cruce peatonal de San Ysidro, líderes comunitarios exhortaron al Congreso a investigar esta problemática que dicen se acrecentó a raíz de la llegada a la frontera de caravanas centroamericanas en búsqueda de asilo político.
“Las políticas restrictivas de la Administración Trump, particularmente en contra de migrantes y refugiados, está generando un clima de acoso y persecución en contra de las personas que defienden los derechos humanos de estas personas”, sostuvo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas del grupo Amnistía Internacional.
El reportaje «Salvar vidas no es un crimen», señala al gobierno federal de presuntamente “hacer uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, abogados, periodistas y voluntarios que prestan ayuda humanitaria”.
El informe es difundido el mismo día que una corte determinó que el profesor Scott Warren del grupo No Más Muertes, debe enfrentar un nuevo juicio por haber ofrecido ayuda humanitaria a inmigrantes en el desierto de Arizona.
Brian Griffey, investigador con Amnistía Internacional, aceptó que temen que dicho caso abra la puerta a que se levanten más cargos en contra de quienes ofrecen este tipo de apoyos a inmigrantes o refugiados.
En el informe se enlistan una serie de recomendaciones tanto para el gobierno de Estados Unidos como México, además de los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) o de Justicia (DOJ).
Entre ellos, que la fiscalía adopte una “excepción humanitaria” al considerarse cargos en contra de activistas que apoyan a migrantes.
A su vez, se pide al Congreso que haya mayor vigilancia hacia las dependencias federales para prevenir el uso indebido del sistema de justicia en contra de defensores de derechos humanos.
También, se piden audiencias públicas sobre “las aparentemente políticamente motivadas” operaciones de vigilancia e investigaciones criminales contra dicho grupo.
Hasta ahora, ni DHS o DOJ se han pronunciado sobre el reporte de Amnistía Internacional.
El reporte retoma una lista de casi 60 periodistas, abogados y activistas —tanto ciudadanos norteamericanos como de otras nacionalidades— dada a conocer en marzo pasado, que fuera utilizada por autoridades tanto de México como Estados Unidos para interrogar a los presentes sobre “una investigación sobre seguridad nacional”.
Erika Pinheiro, codirectora de la organización Al Otro Lado, formaba parte de dicho grupo y fue cuestionada durante cuatro horas por parte de autoridades mexicanas cuando intentó cruzar a pie a Tijuana.
“Nos están acosando por el simple hecho de darle información a los migrantes sobre sus derechos”, mencionó.
En aquella ocasión, se le dijo que fue incluida en la lista debido a su participación en una protesta registrada el 25 de noviembre de 2018, en la cual, integrantes de la caravana centroamericana intentaron cruzar por la fuerza hacia Estados Unidos.
Sin embargo, Pinheiro sostiene que dicho fin de semana ella se encontraba en Nueva York con su familia.
“Básicamente no hay justificación”, reiteró. “Es un pretexto; nosotros no estuvimos ni cerca, ni en el mismo lugar de ese incidente que era la base de la investigación que estaban haciendo”.
Hugo Castro, activista con Ángeles de la Frontera, también se encontraba en dicha lista, y dice que ha sido detenido en la frontera entre Tijuana y San Diego en “múltiples ocasiones”.
“Están utilizando el dinero de los contribuyentes para investigar a defensores de derechos humanos y tratar de encontrar una forma de detenerlos”, consideró.
Ambos activistas se dicen conscientes de que esta podría ser la situación cada vez que cruzan la frontera entre los dos países.
El informe está basado en entrevistas a 23 defensores de derechos humanos realizadas de enero a junio de 2019. De dicho grupo, 17 son activistas y voluntarios de organizaciones no lucrativas; cuatro abogados, un periodista y un religioso, detalló la agrupación.
(Boletín de la SIP)
