Destapan millonario entramado en la Dian: exportaciones ficticias de aceite y soya 

Cuatro funcionarios de la Dian y tres particulares habrían justificado el ingreso de $425.000 millones a Colombia.

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una presunta red de exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados que habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito.

El caso involucra a cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y tres particulares, quienes fueron capturados por su presunta participación en operaciones realizadas entre 2020 y 2023.

Según el ente investigador, las mercancías aparecían registradas como exportadas hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, en Nariño. Sin embargo, los productos presuntamente nunca cruzaron la frontera, pese a que existían documentos oficiales que respaldaban las supuestas ventas internacionales.

La investigación permitió establecer la posible participación de cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas, que habrían utilizado declaraciones de exportación para dar apariencia de legalidad a operaciones comerciales inexistentes.

Así habría funcionado la red de exportaciones ficticias hacia Ecuador

De acuerdo con la Fiscalía, las comercializadoras figuraban como responsables de enviar cargamentos de aceite de palma, soya y derivados al mercado ecuatoriano, mientras que una agencia de aduanas tramitaba las declaraciones y los documentos necesarios para respaldar esas operaciones.

El mecanismo habría permitido justificar el ingreso de recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, que se presentaban como pagos recibidos por las supuestas exportaciones.

De esta manera, el dinero ingresaba al país bajo la apariencia de reintegros por ventas internacionales, aunque las autoridades sostienen que las mercancías que respaldaban esas transacciones no habrían salido de Colombia.

Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía, señaló que las operaciones investigadas habrían servido para justificar recursos por «más de 425.000 millones de pesos de probable origen ilícito«.

También fueron capturados Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, señalados como representantes legales de comercializadoras internacionales relacionadas con las operaciones investigadas.

Las detenciones se realizaron en Ipiales, Nariño, y Cúcuta, Norte de Santander, mediante actuaciones adelantadas por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con participación de la Policía Fiscal y Aduanera y la propia Dian.

Los delitos investigados y las decisiones de la Fiscalía

Las siete personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, que declaró legales los procedimientos realizados por las autoridades.

La Fiscalía les atribuyó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y lavado de activos agravado.

A los cuatro funcionarios de la Dian también se les imputó falsedad ideológica en documento público, por su presunta participación en la certificación de operaciones comerciales que no se habrían realizado.

El ente investigador informó que remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las operaciones cuestionadas.

Tras conocerse las capturas, el presidente Abelardo De La Espriella reaccionó al caso y advirtió que, frente a las investigaciones, «no habrá intocables«.

Por ahora, las actuaciones judiciales se concentran en establecer cómo habría operado la estructura, el origen de los recursos y el papel que desempeñó cada uno de los investigados.

Aunque las capturas fueron legalizadas, esta decisión no constituye una condena. La responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse durante el desarrollo del proceso judicial.

(Fuente: portafolio.co)