Aristas
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Esta semana, la señora canciller de Colombia anunció la disposición del gobierno nacional, de estudiar la solicitud de protección internacional, si Nicolás Maduro lo solicitaba. Vino la declaración casi coetáneamemte con la información periodística en el sentido que, el ocupante del palacio de misma Jacinta había conversado respecto de su salida del país con el señor presidente Trump y que a su vez, con las autoridades norteamericanas conversaba también al respecto el señor Lukashenco.
En distintos ambientes la propuesta colombiana causó ruido, pero tanto la misma como una reacción en particular merecen un comentario.
Si se analiza libre de prejuicios la respuesta ministerial, es Colombia -aparte de Venezuela- el país más interesado en que nuestra situación interna se resuelva y ello por obvias razones, entre otras, por el impacto que ha producido nuestra presencia y que podría generar una mayor, como consecuencia de una intervención armada, de cualquier naturaleza, a lo interno del país. Así, viéndolo como mal menor, el gobierno colombiano preferiría tener al señor Maduro en condición de refugiado -con las limitaciones que eso para él conlleva- a que nuestra situación se resuelva de manera violenta.
La segunda reacción de la cual conozco, se refiere a, si una vez otorgada esa condición y el señor Maduro requiriera en Colombia asistencia en materia de derechos humanos, quienes a eso se dedican en el pais se la prestarían o no.
La respuesta a esa inquietud se la leí en X, no sé si por el mismo supuesto, al profesor Ángel Álvarez.
Sostuvo él, palabras más, palabras menos, que el defensor de los mismos, que distingue entre amigos y enemigos a los fines de defender derechos humanos, no tiene la cualidad que aduce, sino la de defensor de copartidarios, viniéndome a la mente la figura de quien ocupa un alto cargo en la Venezuela actual quien, antes del chavismo a eso se dedicaba y ahora, o persigue a los adversarios de esa corriente política o los encarcela y propone su condena, sin velar y hasta contrariando a sabiendas, el debido proceso.
La otra reacción fue la de una precandidata presidencial colombiana quien, desconociendo el articulo de la Constitución de esta tierra de Nariño y Caldas, que establece que este país es un Estado Social de Derecho, ofreció que, el 7 de agosto 2026 -fecha de inicio del próximo periodo presidencial- ella, en caso de ser electa, entregaría al señor Maduro a las autoridades norteamericanas si se le hubiere otorgado protección en Colombia. Esa declaración, aún cuando a muchos guste, conlleva un flagrante desconocimiento de tratados internacionales suscritos por Colombia en esa materia, todos los cuales contemplan el principio de «no devolución», ni al Estado del cual derivó la protección ni a un tercero que pueda poner en riesgo la misma, abriendo así para Colombia, la posibilidad de que deba responder patrimonialmente por dicha decisión.
Cada uno de quienes lean esta columna, en función de afectos y desafectos, tomará posición respecto del planteamiento inicial y las reacciones al mismo. Quienes defienden la aplicación de la ley, que es dura pero ella es y, adicionalmente, hagan lo mismo con los derechos humanos, no pueden tener dudas respecto de la forma como deberían actuar en una situación como esa, pues están en presencia de principios insoslayables en su ámbito de actuación.
@barraplural
