Conflictividad social en los territorios: uno de los desafíos del sector energético
Por Luz Marina Perozo
Uno de los temas debatidos en el marco de la II Cumbre del Petróleo y Gas realizado en Bogotá fue “Los desafíos del sector ante el creciente activismo y conflictividad social en territorio”, tema que está presente en los proyectos de inversión de esta industria y que cada día cobra mayor relevancia debido a diversos factores que fueron tratados por los panelistas nacionales internacionales que intervinieron en este segmento.
Entre ellos estaban: Martina Paloheimo, representante de Global Indigenous Development Trust, Canadá; María Claudia Romero, docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia; Joseph Lima, director corporativo de Sostenibilidad Ambiental, Schlumberger y Manuel Ramiro Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Como moderador actuó Jaime Arteaga, director Arteaga & Asociados, firma del sector.
Para Martina Paloheimo una gestión social exitosa en el territorio debe basarse en la justicia. “Quiero que sea justo, transparente y que esté basado en derechos. Hay que tener en mente que cuando hay gente enojada o en conflicto hay que saber escuchar sobre sus necesidades y entender sus valores; conciliar las perspectivas de la empresa con las comunitarias y sostener un diálogo amplio enmarcado por el respeto. La tendencia debe ser hacia la cooperación entre las partes”, enfatizó la ejecutiva.
Para Joseph Lima, la resolución pacífica de los conflictos y el desarrollo de una relación sólida y sustentable es imprescindible para lograr el éxito esperado. “En Canadá pudimos lograr una solución pacífica con desarrollo económico con comunidades indígenas que no conocían este mapa de ruta y les dimos la oportunidad de aprender modelos de resolución de conflictos. En Canadá hubo un genocidio cultural contra los aborígenes que duró hasta 2008, cuando inició un proceso de reconciliación, donde se reconocieron los males del pasado para enmendar los errores”.
Agregó que “el líder Jerry Asp’s, de Talhtan Nation -debajo de Alaska-, creó unas reglas estándar de colaboración en el país, entre las cuales destacan: no causar daños ambientales y respetar los derechos del pueblo Talhtan; los proyectos sociales deben tener impactos positivos para las comunidades, producir entrenamiento y educación, igualdad de oportunidades de empleo para los nativos, así como asistencia gerencial en lo financiero. Esta experiencia mostró que ellos pueden ser empresarios y compartir su conocimiento ecológico tradicional. Consultar y adaptarse es un deber y no una solicitud. No se debe llegar al conflicto con las comunidades ancestrales”, afirmó Joseph Lima, y sostuvo que se necesita tiempo para construir estas relaciones.
El moderador de este panel, Jaime Arteaga, explicó que en Colombia la conflictividad social tiene diversas causas, algunas por encima de la licencia ambiental. Y detalló que para los operadores de la industria las principales bondades de un proyecto son la generación de empleo, compras locales y regalías. Sin embargo, cuando le preguntaban a la gente de municipios productores, señalaban que el empleo no es intensivo, que las compras locales es la segunda causa para el rechazo porque no las realizan allí, y sobre las regalías, generan corrupción. “Es como si la industria no aportara nada. Y esa es la matriz de opinión que ha ido permeando a las comunidades a lo largo y ancho del país” destacó.
Falta pedagogía
Por su parte, Manuel Ramiro Muñoz aseguró que hay mucho desconocimiento sobre qué se está haciendo con el subsuelo y existe rechazo la técnica del fracturamiento hidráulico para obtener petróleo. “No se trata de lo que tenemos que dar a las comunidades, sino de cuál es el impacto que estamos causando con nuestro desarrollo y cómo le afecta a las comunidades locales. En estos momentos somos casi 8.000 millones de personas y en 20 años se incrementará en otros 2.000 millones. El petróleo y el gas desempeñarán un papel importante en las próximas décadas a nivel global, y el desarrollo de la industria exige que se haga de forma responsable. Todas las empresas han invertido recursos en favor de las comunidades de sus áreas de influencia, pero hay que educar a las personas para alejarnos de interpretaciones falsas. Este es el gran desafío”.
Para María Claudia Romero las percepciones tienen una razón de ser. “Yo dividiría las causas de la confictividad social en dos bloques: 1) Acumulación de situaciones históricas que hoy se unen a situaciones más coyunturales. Unos impactos sociales y ambientales que durante muchos años no se manejaron de manera adecuada. En relación con la percepción negativa sobre el manejo de las regalías, las comunidades entienden que no manejan beneficios, no perciben el aporte directo en sus regiones. Y, adicionalmente, hay una acumulación de percepción de incumplimiento por parte de los gobiernos y de las empresas, que ha generado desconfianza. A esto se une que hoy existen comunidades más formadas, que conocen sus derechos y tienen más instrumentos para actuar; y hay una presencia de liderazgos que aprovechan políticamente estas percepciones negativas acumuladas y potencializan los conflictos. Creo que eso, sumado a una ausencia histórica del Estado en algunos territorios -que se ha venido corrigiendo con el tiempo-, son elementos que se mezclan y generan una situación fuerte de conflictividad social”.
Los panelistas coincidieron en que las comunidades están más formadas e informadas, pero “esto no quita el hecho de que haya una enorme desinformación sobre el sector y las técnicas empleadas, y esta es una combinación explosiva. Para el caso colombiano, se requiere un esfuerzo mayor de pedagogía, no solo en relación con los asuntos técnicos sino sobre qué es la industria, qué hace, qué impactos genera, qué es el fracking, para pasar a valores de confianza. En el tiempo, vamos a necesitar años para cambiar la dinámica territorial. Hacer pedagogía hoy es una necesidad porque la desconfianza se ha generado por la ausencia de presencia y diálogo”, concluyó María Claudia Romero.
