Contraloría, Fiscalía y Procuraduría reciben hallazgos del Minciencias

El Ministerio de Ciencias puso en conocimiento de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría hallazgos preliminares por más de $9.800 millones relacionados con el manejo de recursos destinados a la investigación en Colombia. Las irregularidades fueron identificadas durante una revisión que abarcó operaciones entre noviembre de 2024 y julio de 2026, periodo en el que se encontraron inconsistencias en contratos, gastos y actividades financiadas con dineros públicos.

Los hallazgos incluyen desde pagos por alimentación sin documentación suficiente hasta eventos de gran escala que, según la información recopilada, no contaban con soportes que acreditaran su infraestructura o capacidad técnica. También se identificaron precios que no tendrían una justificación clara y contratos celebrados durante la vigencia de la ley de garantías.

La cartera señaló que los recursos destinados a la ciencia deben contar con mecanismos de control que permitan verificar su ejecución y el cumplimiento de los objetivos para los que fueron asignados.

Almuerzos, precios y soportes bajo revisión

Entre las situaciones identificadas aparecen gastos por almuerzos que no cuentan con listas claras de beneficiarios ni fechas coherentes que permitan establecer con precisión cuándo se realizaron las actividades.

La revisión también encontró valores que habrían sido inflados sin una justificación suficiente. Estos elementos hacen parte de los hallazgos preliminares que el Ministerio trasladó a los organismos de control para que adelanten las actuaciones correspondientes.

La documentación de los gastos resulta clave para establecer si los recursos públicos fueron utilizados de acuerdo con las condiciones de los contratos y si las actividades financiadas se llevaron a cabo.

En el caso de los eventos masivos, las observaciones se concentran en la falta de soportes sobre la infraestructura disponible y la capacidad técnica necesaria para desarrollar las actividades. Estos aspectos deberán ser examinados por las autoridades, que podrán determinar si existieron responsabilidades en la ejecución de los recursos.

Contratos durante la ley de garantías

Otro de los puntos incluidos en la revisión corresponde a contratos celebrados durante la vigencia de la ley de garantías.

La identificación de estas operaciones también fue puesta en conocimiento de los organismos de control, que deberán evaluar las condiciones en las que se realizaron los procesos contractuales y establecer si se ajustaron a las disposiciones aplicables.

Los hallazgos corresponden a una etapa preliminar de revisión. Por tanto, será responsabilidad de las entidades competentes determinar si las situaciones reportadas constituyen irregularidades administrativas, fiscales o penales, así como establecer las posibles responsabilidades individuales.

El Ministerio no detalló en la información suministrada la distribución de los más de $9.800 millones entre cada una de las observaciones identificadas.

Recursos congelados y adiciones frenadas

Frente a las situaciones encontradas, el Ministerio de Ciencias informó que tomó medidas sobre los recursos involucrados. Entre ellas están el congelamiento de fondos y la suspensión de adiciones presupuestales.

La decisión busca evitar que se sigan comprometiendo recursos mientras se revisan las condiciones de su ejecución y se esclarecen las observaciones detectadas.

La cartera también señaló que los fondos destinados a la investigación científica no pueden manejarse de manera improvisada, especialmente cuando se trata de recursos públicos dirigidos a financiar proyectos y actividades de ciencia.

En su pronunciamiento, el Ministerio aseguró que “el tiempo de la ciencia de papel se acabó” y advirtió que quienes se hayan aprovechado de los recursos destinados a niños y jóvenes investigadores deberán responder ante las autoridades.

Los traslados a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría permitirán que cada organismo adelante las investigaciones dentro de sus competencias. Las actuaciones deberán establecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar si hubo afectaciones a los recursos públicos destinados a la investigación en el país.

(Fuente: portafolio.co)

Redactado por:

Gaceta Regional

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