Gobernador pide, como ‘mínimo humanitario’, no utilizar drones en el Catatumbo’
Más de 82 mil personas han salido desplazadas del Catatumbo en lo corrido de 2025
A nueve meses y medio del inicio de la confrontación armada entre el Eln y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, la crisis humanitaria y de orden público, no cesa. Por el contrario, se agudiza en diversos sectores de la región, especialmente en zonas como Tibú, El Tarra y Convención.
Esto teniendo en cuenta el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado que lidera la gobernación de Norte de Santander, y que confirma que cerca de 82.200 personas han salido desplazadas por el recrudecimiento de la violencia, 1.740 que aún siguen confinadas ante lo enfrentamientos y siembra de minas antipersona, y por lo menos 163 homicidios confirmados por parte de las autoridades regionales.
Ante este complejo panorama, el gobernador de Norte de Santander William Villamizar insistió nuevamente a los grupos armados para que generen espacios de diálogos y no incluir a la comunidad civil en la guerra, que se sigue presentando en la región.
Sumado a la solicitud de permitir un corredor y mínimos humanitarios para la población civil, que sigue confinada y en medio de los fuertes combates que se presentan en diversos puntos del Catatumbo.
Sin embargo, la petición más importante que hace el gobernador de Norte de Santander, es que en el marco de los mínimos humanitarios, haya el compromiso de no afectar a la comunidad con ataques con explosivos, a través de drones, los cuales se han incrementado en la región.
«Lo que pedimos es que haya unos mínimos humanitarios, para que la población del Catatumbo tenga las posibilidades de continuar con normalidad sus vidas y propiciar el proyecto de vida de las personas que están en la zona; los ataques con drones, han afectado a buena parte de la comunidad en el departamento y por eso consideramos que en esos mínimos humanitarios, debería estar el compromiso de no utilizar este tipo de armas contra la comunidad civil», expresó el gobernador William Villamizar.
Según la Red departamental de Defensores de Derechos Humanos, en el departamento de ha registrado la muerte de al menos seis personas, integrantes de la comunidad civil, siete integrantes de la fuerza pública y varios miembros de los grupos armados que se disputan las rutas de la salida de narcóticos, en una zona muy próxima a la zona de frontera.
Uno de los temas que más genera preocupación es la posibilidad de que los grupos armados estén construyendo de manera rudimentaria estos dispositivos con los cuales están atacando a la comunidad civil.
Además, les preocupa la poca respuesta del Estado para atender la crisis humanitaria en el departamento, donde solo se han presentado acciones de asistencia en menor escala a población desplazada, que regresó a sus territorios, sin ningún tipo de garantías.
(Fuente: alertasantanderes.com)
