Gobierno Petro tiene luz verde para suspender la regla fiscal

En una decisión que marca un antes y un después en la política fiscal del país, el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) aprobó el pasado lunes -09 de junio- en la noche, la activación de la llamada “cláusula de escape” que le permitirá suspender la regla fiscal durante un periodo de tres años, pese a las alertas que se han emitido en los últimos días, por los efectos que tendrá esto en la economía.

La decisión, confirmada por fuentes de la Casa de Nariño a Portafolio, aún debe ser protocolizada tras una conversación final entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien recientemente insistió en la necesidad de impulsar un pacto fiscal que permita hacer frente a la caja apretada que tiene el Gobierno.

Con esta autorización, el Gobierno Nacional ganaría un margen extraordinario para gastar y endeudarse, justo cuando las finanzas públicas atraviesan una coyuntura crítica por caída del recaudo, mayores compromisos de deuda y presiones de gasto social y territorial, lo cual, si bien parece bueno a primera vista, podría ser un cura más cara que la enfermedad.

Según expertos, esta medida permitirá al Ejecutivo ejecutar sin las restricciones que hasta ahora imponía la Ley de Regla Fiscal, diseñada para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la deuda y evitar déficits excesivos. Si bien no es un concepto vinculante, es tenida en cuenta por las autoridades monetarias y calificadoras de riesgo e influye seriamente en la confianza de los inversionistas.

El rumbo fiscal

Aunque la cláusula de escape está contemplada en la normatividad vigente, su uso está condicionado a hechos extraordinarios que afecten la estabilidad macroeconómica del país, como lo fue la pandemia del COVID-19 en 2020. Sin embargo, en esta ocasión, la suspensión no responde a una crisis sanitaria o a un choque externo, sino a una realidad fiscal adversa originada por lo que analistas describen como un manejo inadecuado del gasto público y la incapacidad para aprobar nuevas fuentes de financiación.

En este sentido, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que “la regla fiscal es la radiografía de las finanzas públicas. Es el documento con el que le mostramos a los mercados si somos capaces de pagar nuestras obligaciones. Suspenderla es como pegarnos un tiro en el pie”, por lo que a su juicio, esta decisión envía señales de opacidad, deteriora la confianza de los inversionistas y amenaza el equilibrio presupuestal.

Por otra parte, el exministro Juan Camilo Restrepo fue aún más crítico y dijo que “lo que hicieron fue protocolizar la suspensión de una regla que ya llevaba dos años sin cumplirse. Pagaremos las consecuencias con tasas de interés más altas. El Gobierno entregará las finanzas públicas como los Embera entregaron el Parque Nacional”.

Cuadrar la caja

Según fuentes cercanas al gobierno Petro y sus asesores económicos, la decisión de activar la cláusula de escape se acompaña de un compromiso por parte del Ejecutivo de estructurar un plan integral de ajuste fiscal que se reflejará en el próximo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), cuya presentación está prevista para el viernes 13 de junio.

En este documento, el Gobierno detallaría las metas de déficit, la trayectoria de la deuda y las medidas para estabilizar las finanzas, partiendo de que el mensaje que quieren dar es que no se trata de un cheque en blanco y por el contrario, la cláusula les da espacio para reorganizar el sistema tributario y priorizar la inversión social, sin incumplir con sus obligaciones.

No obstante, para muchos analistas del sector financiero, esta narrativa resulta insuficiente y en ese sentido, un reciente informe de Corficolombiana advierte que “la sostenibilidad fiscal no es una prioridad para este Gobierno”, y que el contexto actual no justifica la activación de la cláusula, como sí ocurrió durante la pandemia.

“En febrero, la entidad ya había advertido que la meta de déficit fiscal para 2025 (5,1% del PIB) era inalcanzable, y que el desbalance podría escalar hasta 7,4% si no se adoptaban correctivos”, indicaron en un informe publicado esta semana.

No saldría barato

Corfi también destaca que entre los efectos más preocupantes está el encarecimiento del endeudamiento y recordó que durante mayo, los seguros de riesgo de impago (CDS) de Colombia se ubicaron 102 puntos básicos por encima del promedio de países con calificación BB, y 166 puntos por encima de sus pares en América Latina. Esto ha elevado el costo efectivo de la deuda, al punto que el país estaría pagando entre $11,9 y $14,7 billones adicionales en intereses este año, según Corficolombiana.

La consecuencia más directa sería un aumento de la deuda neta hasta un máximo histórico del 63% del PIB, junto con la posibilidad de que las agencias de calificación rebajen la nota crediticia del país en las próximas semanas y se ponga al país en un punto de inflexión que podría llevar a una crisis económica muy seria.

Además, la percepción de que el país no tiene reglas claras en materia fiscal puede acelerar la salida de capitales, deprimir la inversión extranjera y reducir el margen para responder a futuras emergencias, teniendo en cuenta que “cada vez que cobramos impuestos, más recursos se destinan a pagar deuda que a hacer inversión. Así no se construye futuro”, puntualizó Londoño.

Dicho todo lo anterior, la aprobación de la cláusula no será el punto final, sino el inicio de una etapa de alta tensión política y económica, ya que el Marco Fiscal de Mediano Plazo deberá convencer a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de riesgo, especialmente a Moody’s, de que la medida no implica un abandono definitivo de la disciplina fiscal.

En este contexto, el Gobierno de Gustavo Petro tendrá que demostrar que no se trata de una simple excusa para gastar sin control, sino de una estrategia temporal para recomponer la arquitectura fiscal del país; mientras la mirada estará puesta en el contenido del Marco Fiscal, en la forma como se presenten los escenarios de ajuste y, sobre todo, en si el Ejecutivo logra recuperar la credibilidad perdida.

(Fuente: portafolio.co)