Impactos del proyecto de reforma tributaria en el precio de la gasolina: subiría casi $2.000/galón
El precio de los combustibles volvería a convertirse en uno de los puntos más sensibles de la discusión tributaria en Colombia. Los cambios propuestos no solo afectarían el gasto de los hogares, sino también los costos del transporte, los alimentos y la producción nacional
En el último proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, la gasolina corriente tendría un incremento acumulado de $1.942 por galón al finalizar 2028, mientras que el ACPM subiría $1.331, según la Unión Gremial Somos Uno.
El cálculo fue elaborado con base en la estructura oficial de precios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de junio del año en curso y en el articulado de la reforma radicado por el Gobierno el pasado 20 de julio.
La organización, que representa a las estaciones de servicio del país, advirtió que los efectos del proyecto se presentarían de manera gradual entre 2027 y 2028, a medida que entren en vigor los diferentes cambios tributarios incluidos en la iniciativa.
Gasolina subiría $860 desde enero de 2027 por la reforma tributaria
El primer impacto se produciría el 1 de enero de 2027. Para esa fecha, el precio de la gasolina aumentaría $860 por galón, al pasar de $16.291 a $17.151, de acuerdo con las proyecciones presentadas por el gremio.
El ACPM también registraría un ajuste importante durante esa primera etapa. Su precio aumentaría $841 por galón y llegaría a $12.417, con posibles efectos sobre actividades que dependen especialmente del diésel para transportar mercancías y desarrollar sus operaciones.
Posteriormente entraría en vigor el gravamen al alcohol carburante, previsto para julio de 2027. A este cambio se sumaría el incremento del IVA al ingreso del productor hasta el 19%, contemplado por el proyecto para enero de 2028.
La aplicación conjunta de estas medidas completaría un incremento acumulado de $1.942 por galón en la gasolina corriente y de $1.331 en el diésel al finalizar 2028, explicó David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno.
El dirigente señaló que la propuesta presenta tres problemas de fondo. El primero está relacionado con la justificación ambiental del proyecto y con la proporción que tendría este componente frente a los ingresos tributarios esperados por el Gobierno.
“El componente ambiental no corresponde al verdadero origen del recaudo”, aseguró Jiménez Mejía. Mientras el Ejecutivo proyecta ingresos por $7,58 billones provenientes del IVA a los combustibles para 2028, el gremio indicó que componente ambiental representaría apenas $218.000 millones.
La organización también cuestionó que el proyecto grave con IVA el alcohol carburante y los biocombustibles, pese a que la misma iniciativa reconoce que estos productos no hacen parte de los combustibles fósiles incluidos en la discusión ambiental.
El tercer reparo se refiere precisamente a los resultados ambientales esperados. Somos Uno sostuvo que la experiencia reciente muestra que el aumento del precio de los combustibles no reduce significativamente su consumo, por lo cual el efecto sobre las emisiones sería limitado.
Desde esa perspectiva, la reforma tendría un alto potencial de recaudo, pero una capacidad reducida para modificar el consumo. Esta combinación, señaló el sector, obliga a revisar la relación entre los costos económicos de la medida y sus propósitos ambientales.
IVA al ACPM presionaría transporte, alimentos y producción nacional
El segundo problema identificado por el gremio está en el tratamiento tributario del ACPM. La exclusión de su venta minorista rompería el principio del IVA plurifásico y convertiría el impuesto en un costo para transportadores, empresas agropecuarias y actividades industriales.
La preocupación radica en que el tributo no podría descontarse a lo largo de la cadena. El valor terminaría acumulándose y trasladándose al costo de movilizar mercancías, producir bienes y llevar alimentos hacia los distintos mercados del país.
“No sería un IVA descontable sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional”, afirmó Jiménez Mejía durante la presentación del análisis gremial.
Somos Uno pidió corregir el tratamiento tributario del ACPM para preservar el carácter plurifásico del IVA. También propuso mantener la exclusión vigente para el alcohol carburante y los biocombustibles, antes de que el proyecto avance en su trámite legislativo.
El gremio aclaró que reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y no rechaza que el sector participe en ese esfuerzo. Su reparo se concentra en el diseño de las medidas y en el eslabón que terminaría asumiendo el impuesto.
“No nos oponemos a contribuir, pero el diseño debe ser técnicamente correcto, el problema fiscal es real y no lo negamos. Estamos dispuestos a discutir cuánto debe aportar el sector”, sostuvo el vocero de las estaciones de servicio.
Estaciones asumirían $928.000 millones anuales por el nuevo IVA
La iniciativa también genera preocupación por el IVA que recaería sobre el margen regulado de las estaciones. Según el análisis, este gravamen representaría cerca de $219 adicionales por galón, equivalentes a aproximadamente $928.000 millones cada año para los establecimientos.
Somos Uno sostiene que numerosas estaciones no podrían trasladar ese mayor costo al consumidor debido a la regulación vigente de precios. En esos casos, tendrían que absorber directamente el impuesto, con una reducción significativa de su margen de operación.
El gremio considera que esta situación contradice el planteamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que contempla la posibilidad de trasladar el costo. Por ello, solicita incorporar el IVA del margen minorista como un componente independiente dentro de la estructura oficial de precios.
La organización también pidió aplazar la expedición del Proyecto de Resolución Creg 704-015 mientras el Congreso define el texto definitivo de la reforma, con el propósito de evitar cambios regulatorios antes de conocer el tratamiento tributario que finalmente será aprobado.
La discusión adquiere una dimensión adicional en los territorios donde existe una oferta limitada de combustibles. De acuerdo con Jiménez Mejía, 226 municipios colombianos cuentan con una sola estación de servicio, por lo que cualquier presión sobre su operación puede afectar el abastecimiento.
“Si el margen deja de cubrir los costos de operación, no habrá quien garantice el abastecimiento de combustibles”, concluyó el dirigente, quien pidió al Gobierno y al Congreso corregir las omisiones del proyecto antes de aprobar el nuevo esquema tributario.
(Fuente: portafolio.co)
