«Pensiones: debate de mentiras», argumenta la ANIF en su Comentario Económico del Día (I)

En días pasados, se generó un gran interés en el debate presidencial por el tema de las pensiones, uno de los mayores problemas fiscales y de equidad que enfrenta y enfrentará Colombia, por lo menos, por los próximos 100 años. Es decir, no es un tema menor, ni debe tratarse ligeramente y, mucho menos, con mentiras o argumentos confusos. Las afirmaciones que se llegaron a oír fueron, francamente, preocupantes y engañosas y
no estamos seguros si así lo fueron por desconocimiento del tema o por una intención deliberada de confundir a la gente en un tema que es muy sensible socialmente y, al mismo tiempo, complejo técnicamente. En este Comentario Económico del Día nos referiremos a algunas de esas afirmaciones, tratando de contrastarlas con evidencia comprensible y no con argumentación vacía.

El tema pensional no es uno que se pueda debatir superficialmente, pues son los ahorros de los colombianos, la pobreza, la equidad, las contribuciones de los trabajadores y la sostenibilidad fiscal, nada menos y nada más, los que están sobre la mesa. Para nuestro análisis, citamos textualmente las afirmaciones hechas durante el debate presidencial realizado por El Tiempo y Semana el pasado 15 de marzo, con el fin de no caer en imprecisiones sobre lo dicho en el frente pensional:

“En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 por ciento que cobran en un banco,
usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el
Estado. Entonces libera al Estado de 18 billones de pesos anuales en el Presupuesto y los gasta en los que no tienen pensión”. Todo lo que dice esa afirmación, sin excepción, es ambiguo, confuso o, peor aún, completamente incorrecto. Empecemos por aclarar cómo funcionan los aportes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), es decir el segmento privado del Sistema General de Pensiones que administran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), incorrectamente denominadas “Bancos” en esa afirmación.

Se afirmó que actualmente esas Administradoras reciben una comisión del 30% por el manejo de los recursos pensionales. La afirmación, no sobra
decir, es completamente falsa y un tanto incoherente. Lo primero, es que esa comisión la pagan tanto los aportantes al régimen público (Colpensiones), como los del RAIS. En efecto, todos deben destinar un 3% del ingreso (del total de 16% que se aportan mensualmente para la pensión) al pago de una comisión de administración y de un seguro previsional que, al final, sigue contribuyendo a la pensión del afiliado.

De manera importante, ese seguro previsional es el que financia la pensión de los sobrevivientes de los trabajadores que mueren antes de cumplir la edad de pensión, o la de ellos mismos cuando quedan en una situación de invalidez. Eso quiere decir que, la comisión de administración oscila entre 0.6% y 2%. Así, es difícil encontrar un origen técnico o siquiera interpretativo de esa afirmación.

Ahora bien, la propuesta de usar los ahorros de la gente como si fueran dineros públicos muestra poco o nulo entendimiento de cómo funcionan los regímenes pensionales en nuestro país. De la cita presentada anteriormente, se entiende que el candidato propone tomar de algún modo los ahorros que están hoy en las AFPs, que pertenecen a casi 18 millones de colombianos y que hoy suman cerca de $358 billones para financiar gasto público corriente (quién sabe en qué), para pagar las pensiones de todos a través del Régimen de Prima Media que administra Colpensiones (RPM) y para subsidiar un pago a los adultos mayores en condición de pobreza.

Ahora, esa idea tiene muchos y severos problemas, uno de los cuales es su inconstitucionalidad. Efectivamente, los ahorros que hacen los afiliados a los fondos de pensiones son uno de los recursos más protegidos en Colombia, precisamente por su importancia para la protección en la vejez. De otra parte, la propuesta muestra un profundo desconocimiento de la ley, debido a que esos recursos, que corresponden a los aportes pensionales de las personas, no les pertenecen a los fondos de pensiones, ni a los bancos, ni mucho menos al gobierno, ni hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Esos recursos son de propiedad exclusiva de los trabajadores, tal y como se encuentra consignado en la Ley 100 de 1993 y la
Ley 797 de 2003.

Es decir, tomarlos “por derecha” es ilegal, ya que las cuentas de ahorro son de propiedad del afiliado. De nadie más. Del análisis de las mencionadas leyes se puede concluir que en el RAIS los aportes pensionales son de propiedad exclusiva del afiliado, identificados a través del número único de
identificación en seguridad social, que corresponde a su documento de identidad. Y no es gratis que esto sea así. Tanto la Constitución del 91, como las leyes que se mencionaron, hace 30 años fueron capaces de prever que, en algún momento, llegaría un político de corte populista que querría utilizar esos recursos para otros fines, como en efecto está ocurriendo. Y valga decir que tampoco es una idea muy original. Lo ha hecho Argentina (en el famoso “Corralito”), Uruguay por otros medios, y algunos países europeos con resultados desastrosos en todos los casos.

Al respecto, las explicaciones del candidato y de su equipo técnico solo empeoran las cosas. Por un lado, cuando increpan al candidato durante el debate sobre la nacionalización de los ahorros privados de los colombianos, responde tratando de confundir. Efectivamente, afirma que su propuesta no implica “nacionalizar”, puesto que las contribuciones a pensiones son hechas por ley, lo que significa que, aún si una persona cotiza en un fondo privado, ese ahorro es dinero público. Absurdo. Posteriormente, un asesor económico de su equipo aclara que esos 18 billones
de pesos anuales que se reciben por el traslado de los afiliados del RAIS al RPM “liberan” recursos del PGN que, a su vez, se utilizarían para el pago del subsidio a los adultos mayores en condición de pobreza. Obviamente, la pregunta que dejan sin responder es ¿Qué pasaría después de que se agoten los ahorros nacionalizados? En todo caso, tanto la propuesta como las explicaciones dadas dejan mucho que desear.

(Continuará)