500 mil
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Ese es el número de migrantes venezolanos que, para el mes de agosto de 2023 se encuentra en Colombia en situación migratoria irregular. La cifra exacta es 568 933 y la misma resulta de interés porque equivale a más de dos veces la población de Rio Negro, en Antioquia, o a la inversa, porque es superior a los 481 768 habitantes que el DANE estima tiene la ciudad de Pereira, Risaralda o, en el caso venezolano, superior a la totalidad de los habitantes de la isla de Margarita o de la ribereña Puerto la Cruz, en el oriente venezolano.
Son estas personas que, bien por haber ingresado a Colombia sin pasaporte o sin sellar su ingreso en las oficinas de Migración Colombia o, bien porque se les venció su permanencia legal en el país o teniendo Permiso Especial de Permanencia –PEP- decidieron no acceder al Permiso por Protección Temporal – PPT- continuaron como habitantes del país. Para personas en similar situación, las administraciones de los presidentes Santos y Duque diseñaron mecanismos de regularización en similares espacios de tiempo.
Así, el año 2018 la administración del Nobel de la Paz implementó el Registro Único de Migrantes Venezolanos para quienes estaban en Colombia en irregularidad migratoria para junio de 2018, lo que permitió otorgarle a los mismos a partir de agosto de ese año el PEPRAMV.
Por su parte la administración que ocupó la Casa de Nariño hasta el 7 de agosto de 2022 aprobó en marzo de 2021 -a través del Decreto 216 de ese año-, el estatuto de protección temporal al migrante venezolano, cobijando bajo este a los venezolanos que esa condición migratoria se encontraban al 31 de enero de 2021.
No es poca cosa el número de migrantes irregulares y no lo es porque dicha población equivale al 17,5% de la población venezolana en Colombia y porque, adicionalmente, la misma, dada las limitaciones legales está impedida de contribuir en todo su potencial, con la tierra que eligió como hogar.
No es ocioso recordar que el migrante irregular está impedido de trabajar legalmente en Colombia y que quien le contrate queda sujeto a sanciones económicas; tampoco lo es que el mismo está impedido de acceder plenamente al sistema de salud y que mucho menos tiene la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria, lo que le facilitaría su desenvolvimiento en el país.
Ese migrante, adicionalmente, tiene serias limitaciones para acceder al arriendo de una vivienda pues no le es posible formalizar un contrato que lo permita y, adicionalmente, con cargo a fondos internacionales, no se implementó un sistema masivo de garantías de pago de estos que facilitare la celebración de contratos de esa naturaleza, tal como desde el año 2018 propusimos.
Ocurre sin embargo que, a pesar de todas esas trabas, el migrante aquí permanece, la gran mayoría de ellos tratando de contribuir con su esfuerzo al progreso colombiano. Para ellos sin embargo, es menester desarrollar políticas de integración.
En menos de cuatro meses se cumplirán tres años de la aprobación del citado Decreto 216 del 2021 a través del cual se implementó el PPT. Ese tiempo fue, aproximadamente, el que transcurrió entre la aprobación del PEPRAMV y dicho instrumento, lo que quiere decir que sería una oportunidad propicia para que el ejecutivo nacional expida una nueva normativa que regularice la situación migratoria de ese más de medio millón de venezolanos que en el país se encuentran pero están invisibilizados. De hecho, hace cerca de dos meses atrás, el señor director de Migración Colombia emitió unas declaraciones en las cuales sostenía que para el mes de octubre se informaría respecto de la implementación de un nuevo mecanismo de regularización, lo que lamentablemente no ocurrió.
Quienes adversan la presencia venezolana en Colombia –que los hay como es natural en los primeros tiempos de todo país que se convierte en receptor de migrantes- probablemente consideraran que es mejor mantener la situación tal cual está y allí cometen un error de cálculo. La no regularización en pocas ocasiones genera la salida del país de quien a este llegó y mucho menos en la actual situación venezolana, pero adicionalmente, quienes llegaron, como lo he sostenido en otras oportunidades, compiten por los mismos puestos de trabajo que están disponibles para el nacional con la particularidad que, por su situación personal y legal, seguramente aceptarán los mismos en condiciones desventajosas para ellos, siendo en tal sentido una suerte de competencia desleal para el colombiano.
Así las cosas, la regularización migratoria es, que nadie lo dude, una política beneficiosa para todas las partes que forman parte de ese fenómeno. Si el Estado colombiano se decidiere a implementarla en la actual gestión ejecutiva, tal como también en otras oportunidades lo he sostenido, y lo complementan con la decisión de direccionar al migrante hacia aquella región del país donde sus habilidades sean más requeridas, no solo resolverá el problema de conocimiento de la persona que en esta tierra de Nariño y Caldas llegó sino que, adicionalmente, impulsará, el desarrollo nacional. Basta para ello que se concientice de que la migración no es un problema sino una oportunidad.
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