XISMA. ¿Debe existir la licencia social? (I)

Por: Benjamín Alexis Garavito Linares*

Hace 267 años, Jean Jacques Rousseau en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, establecía el carácter dañino de la sociedad, su intrínseca corrupción, con una particularidad, se fundamentaba en la negación de la naturaleza.

La discusión filosófica sobre las afirmaciones del pensador francés empujaron las fichas como un dominó cayendo ordenadamente hasta alcanzar una velocidad revolucionaria que, entre muchos efectos, desnudó a la monarquía, sus excesos, poder y demás atributos, en contraposición con la miseria, orfandad y angustia suprema del pueblo.

La tormenta perfecta se desató y ya conocemos su desenlace que continúa en nuestros días, fundamentada en una criatura denominada “democracia”, y que en cada nueva elección utiliza una formula ya conocida, incierta, pero siempre eficaz para retornar en la comprobación que el “hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe”; una y otra vez este círculo interminable se repite, como si fuera una tragedia griega con los mismos guiones, argumentos y puestas en escena, aunque con diferentes actores en el transcurso del tiempo.

Desde que algunos legisladores probos, a finales de diciembre de 1993 en nuestro país, lograron que se aprobara la ley 99, esta engendró el Sistema Nacional Ambiental, y de ahí un ministerio para el “medio ambiente”, definición un tanto superflua en cuanto a que se percibe como a medio camino de algo o por complementarse hasta alcanzar un todo. También les dio vida a las corporaciones autónomas regionales, conocidas comúnmente como las CARS, y las cuales son todopoderosas en sus áreas definidas y con influencias políticas impertinentes.

El diseño de las CARS se pensó con el mayor altruismo ecológico, natural, biodiverso y con todas las mejores intenciones relacionadas con la protección ambiental; no obstante, quedaron al recaudo de intereses burocráticos siempre grises, con lo cual se confirma lo indicado por J.J. Rousseau. Como los planes y quienes los piensan, en muchos casos, están dirigidos a intereses particulares, se encontró con el pasar de los años que hacía falta una entidad que agrupara, analizara, estudiara y, quizás, tuviese un rol más determinante en el ámbito nacional para autorizar cuestiones de orden más allá de lo regional y local.

Entonces, apareció la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, hace casi diez años; luego, fue necesario fortalecerla y se encargara del permiso o trámite ambiental que cumpla con las normativas establecidas, de tal manera que contribuya al desarrollo sostenible ambiental del país. Con fundamento en lo anterior, luego de leer cuidadosamente las definiciones y observar lo que ocurre entre lo escrito, lo gestionado y lo aprobado finalmente, sigue persistiendo, la sensación de que hay algo que sigue faltando en el modelo.

Para nuestra joven república, Simón Bolívar, en 1829, emitió un decreto que dejó en claro el tema de la propiedad de los minerales en cabeza del estado, con lo cual se definió que los dueños del cielo y lo que está bajo nuestros pies, realmente le pertenece a una institución abstracta, que, desde nuestra última constitución en 1991, se denomina el estado colombiano. Desde el siglo pasado los hidrocarburos y, específicamente, el petróleo, hace parte de esa categoría en la propiedad.

Las personas hacemos parte del estado, según otra explicación jurídica, pero aunque en nuestro predio -sea un lote, finca, hacienda o latifundio, tuviésemos la suerte de encontrar algún mineral precioso bajo la superficie o algún hidrocarburo, este pasará inmediatamente a ser propiedad del estado en su conjunto y, por compensación, recibiríamos una servidumbre para permitir que otros, como personas jurídicas y autorizados por las agencias y autoridades del gobierno, exploren y produzcan los recursos naturales allí guardados.

Debido a interpretaciones sobre la autonomía y decisión que deben tener los territorios locales y regionales, se propició en adelantar consultas populares para definir quién tendría la autoridad sobre los recursos en diferentes lugares del territorio nacional. En esta causa, y como ocurre en río revuelto, muchos interesados en crear el caos, lanzaron sus anzuelos para ver azarosamente qué obtenían.

Esta situación, por demás inapropiada en el establecimiento jurídico, escaló desde las instancias locales de los juzgados, pasando por los tribunales y llegando a las altas cortes que, afortunadamente, explicaron con suficiencia y con la autoridad que representan, que no había autonomía local, ni regional, solamente de todo el estado en su conjunto y donde priman las leyes soberanas, donde el cielo y el subsuelo seguirán siendo de todos, pero con un orden donde solo quienes tengan la autorización y cumplan con las regulaciones establecidas, tendrán la responsabilidad y oportunidad de explorarlo y producirlo.

Como el propósito de esta columna está enfocado en la pregunta, sobre si debe existir la licencia social, precisamente era necesario conocer este antecedente, para avanzar en una respuesta argumentada que además de lo jurídico, logremos comprenderla desde la perspectiva humanística, tal como lo describió el eminente francés Jean Jacques en su obra cumbre el “Contrato Social”, que posiblemente está aún pendiente por implementar.

Cofundador y Director Ejecutivo de XUA ENERGY. bgaravito@xuaenergy.org|www.xuaenergy.org

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