Inexplicable
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
La Constitución Política de 1886, reformada a través del Acto Legislativo Nro. 1 de 1936, establecía que los naturales de Colombia perderían su nacionalidad cuando adquirían otra, pudiendo recuperar la misma conforme a la ley. La Constitución Política de 1991, al contrario de la precedente, tiene una disposición expresa conforme a la cual ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Así de taxativo es la parte inicial del último aparte del artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.
Según el literal a del numeral 1 del artículo 96 de la Carta Política vigente, son nacionales colombianos los nacidos en territorio del país siempre que se cumplan una de dos condiciones, a saber que el padre o la madre sean colombianos, o que sean hijos de extranjeros y alguno de estos tuviere domicilio en el país.
Pero el mismo artículo 96 –en su literal b del numeral 1- prevé otra situación, cual es que personas nacidas en el extranjero, hijos de padre o madre colombiana, son también colombianos por nacimiento. Para ello se requiere que, o se domicilien en territorio colombiano o sean presentados en una oficina consular de esa nación.
A Colombia ha regresado un importante número de sus hijos nacidos en territorio venezolano, a quienes Colombia llama –como a sus ancestros que fuera del país estaban y han regresado- retornados. Ellos son tan nacionales por nacimiento como el que lo hizo en Leticia, Bogotá, Medellín, Armenia o Popayán, por solo citar cinco ciudades de esta nación, y es lo cierto que contra estos últimos, la Registraduría Nacional del Estado Civil no está desarrollando ninguna campaña tendente a demostrar la veracidad de su nacionalidad o, cuando menos, no lo está haciendo con la intensidad que pareciere estar desplegando contra los que afuera nacieron.
Un viejo adagio jurídico sostiene que “todos somos iguales ante la ley”. Eso, que antes era una verdad incontrovertible, en tiempos de minorías creadas o ficticias ya no es verdad, y ello se evidencia en la forma como parecieren estar siendo tratados los retornados quienes, por el trato que están recibiendo, uno llega a pensar que son ciudadanos de segunda, pues a pesar de que la Constitución lo prohíbe, están siendo privados de la nacionalidad que constitucionalmente les corresponde.
Los venezolanos que sabemos lo que es carecer de la protección de su Estado y nos hemos visto precisados a buscar que otros nos la presten, sabemos lo que implica para cualquier persona encontrarse, como lo están hoy infinidad de connacionales venezolanos que también son colombianos, desprotegidos por el país de sus ancestros que buscaron como hogar e impedidos de retornar al de su nacimiento por razones políticas, económicas, humanitarias o –porque no decirlo- diplomáticas.
Así, en el estado actual de las cosas, a ellos solo les queda el recurso de revisar diariamente en las páginas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si el día anterior pasaron a formar parte de la migración irregular en Colombia, como consecuencia de haber sido privados de su nacionalidad y actuar –obviamente a posteriori- en consecuencia. Colombia es un Estado Social de Derecho. Decisiones como esa, parecieren ir en contravía de ese postulado.
Con la política pública desarrollada desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, los derechos humanos de los colombianos nacidos en Venezuela -en este momento en Colombia- parecieren estar siendo seriamente afectados, así respetuosamente lo creo y el Estado algo debe hacer para revertirlo.
