XISMA 176. Ley sobre pasivos ambientales

Por: Benjamín Alexis Garavito Linares*

Hace pocos años, en un campo petrolero de nuestro país, los representantes de una compañía multinacional visitaron al propietario del predio donde adelantaban sus operaciones y le informaron que habían hallado un pasivo ambiental con hidrocarburos, el cual era perentorio extraer del sitio para remediar la zona y prevenir posibles afectaciones futuras como consecuencia de esta condición.

En otro momento, en una reunión técnica con la misma empresa petrolera, conocí sobre una situación adversa que les había ocurrido y que consistió en la imposibilidad de llevar a término un pozo de compromiso con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), debido a que cuando se disponían a perforar dicho pozo, se encontraron con un paquete de “residuos con hidrocarburos” de aproximadamente 15.000 toneladas, según lo indicado por el directivo de la compañía, y que para resolverlo, en una gestión coordinada entre la empresa, la ANH y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se había justificado con este imprevisto, no perforar el pozo de compromiso, logrando presupuestalmente llevar a cabo la recuperación del área impactada por el pasivo ambiental encontrado allí.

También es relevante indicar que el dueño del predio quedó satisfecho con las acciones implementadas en el caso, incluso reconocidas por él como óptimas al compararlas con las problemáticas que por tres décadas de continuas solicitudes, quejas, demandas y reclamaciones hasta esa fecha, no había logrado cerrar oportunamente por otros pasivos petroleros  presentes en su predio y con graves deterioros para distintos ecosistemas, sobre los cuales indicaba, no existía ni atención, ni mucho menos solución oportuna por parte de otras empresas petroleras con las cuales, su propiedad se encuentra circunscrita a las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos y que enfatiza no hacen parte de la servidumbre acordada desde el año 1988 con una de estas empresas.

Este es apenas un capítulo de una historia para referenciar que tanto para el hallazgo del pasivo ambiental y su aparente solución, como el de los que presuntamente no se han resuelto, se mantiene una conveniente y esquiva zona gris, que ojalá deje de serlo a partir de la promulgación de la Ley 2327 sobre los Pasivos Ambientales, sancionada el 13 de septiembre pasado en nuestro país.

Esencialmente es una ley técnica y con un diseño ágil estructurado, que permitirá además del sector de hidrocarburos, atender otros sectores con inmensas vulnerabilidades y vacíos normativos con respecto a lo elemental y con lo cual se apertura esta ley, indicando que: “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA DEFINICIÓN DE PASIVO AMBIENTAL, SE FIJAN LINEAMIENTOS PARA SU GESTIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Es paradójico que primero exista una ley sobre las afectaciones y la obligatoriedad que se tendrá en solucionar las consecuencias debidas a latencias, evidencias y otras cuestiones incontrovertibles que competen de forma significativa al sector de hidrocarburos, acudiendo el legislador a estrategias más allá de lo público y privado como alternativas posibles, debido a las declaradas e inocultables insuficiencias comprobables en cualquier ámbito que se escoja revisar.

Durante mucho tiempo, la barrera de control a los pasivos ambientales consistió en diseñar eufemismos y tecnicismos con los cuales se atenuaba su riesgo y peligrosidad. Hasta la presente ley se les denominaba como “impactos no resueltos” (INR) en lo relativo a los hidrocarburos, obviando incluso lo “ambiental” como determinación del entorno vinculante al mismo daño. También se concibieron muchas resoluciones y decretos tanto en el Ministerio de Ambiente como en el de Minas y Energía, donde se aproximaba de la mejor buena voluntad a diagnosticar, revisar e invitar a tomar acciones sobre los pasivos ambientales, aunque previsiblemente con mínimos resultados y sin haberles dado la connotación que tenían.

Pasando la página de estos vergonzosos antecedentes, lo que tenemos ahora en principio, es mucho trabajo por hacer con respecto a las primeras 587.000 toneladas que ya están por ahí esperando desde hace años a ser reconocidas, georreferenciadas y solucionadas integralmente en la industria petrolera colombiana con un registro oficial de entrada que comprende únicamente desde el año 2018 hasta el año 2021. ¡Enhorabuena la Ley!, y pertinente también el buen trabajo de los legisladores. Excelente que cumplan con su deber para el cual fueron elegidos.    

Cofundador y Director Ejecutivo de XUA ENERGY | bgaravito@xuaenergy.org|www.xuaenergy.org

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