Complementarios

Por: Gonzalo Oliveros Navarro 

Hay un concepto en la Constitución venezolana muy demeritado, el de la independencia de quienes, conforme a la misma, asumen funciones públicas.

Según aquella, esa condición deberían tener,  entre otros, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -TSJ, los rectores del CNE y el  Fiscal General de la República. Ocurre sin embargo que, lamentablemente, la interpretación que a dicha disposición se ha hecho conlleva la impresión de que es letra muerta.

Así, hemos visto a diputados o ministros renunciar a su militancia partidista y al día siguiente, sin rubor alguno, juramentarse en una alta posición venezolana. 

El problema, sin embargo, es más complejo. 

Si bien es cierto que la independencia es importante -y lo es, entre otros motivos- porque es una exigencia constitucional- hay otro que lo creo aún de mayor entidad que aquel, la imparcialidad.

Es este elemento el que finalmente definirá la conducta de la persona en ejercicio de su función, pues, aún utilizando el subterfugio de una renuncia a la militancia partidista entre gallos y medianoche para aceptar una designación que tiene como exigencia esa condición a primera hora de la mañana siguiente, lo cierto es que será el ejercicio imparcial de la función atribuida la que finalmente permitirá hacer el balance de la conducta del funcionario en su actuación.

Venezuela requiere, como lo ha hecho siempre, que quienes ocupan puestos de poder, ejerzan este con imparcialidad. Que sus decisiones  se adopten no por la conveniencia del amigo, el compañero o el partido, sino con vista a lo que dispone la ley pues esta es, finalmente, la que limita la competencia de su accionar y adicionalmente, a todos nos da tranquilidad.

Torcer la interpretación de la ley para beneficiar intereses particulares de cualquier naturaleza, vulnerando el principio no escrito de imparcialidad, es lo que ha generado la desconfianza general que se tiene respecto de determinados funcionarios. 

Aún cuando soy de la opinión que en Venezuela no hay Constitución vigente, no dejo de creer que, en algún momento ello se revertirá y una manera de empezar a hacerlo es que quienes en lo adelante ocupen en Caracas posiciones decisorias,  ajusten su accionar con imparcialidad,  a los términos de la normativa que se ha aprobado. Ello sería un cambio sustancial respecto de lo ocurrido este siglo. 

Ojalá que esté tiempo de tutoría que estamos viviendo desde el 3 de enero pasado, nos arroje cuando menos, como resultado favorable, un cambio respecto de lo que se ha hecho hasta ahora. Cada uno de los designados es responsable, en tal sentido, que ello sea posible.

@barraplural