Cuatro años
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Ahora que en Venezuela ha aparecido como elemento de discusión la privación de la nacionalidad venezolana por nacimiento para una persona que tiene todo el derecho de serlo y se le pretende sancionar, es prudente recordar lo que ocurrió en Colombia hace, exactamente, 4 años.
El 21 de noviembre de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC-que es el órgano al que, constitucional y legalmente le corresponde reconocer la nacionalidad de esta tierra de Nariño y Caldas, a quien corresponda conforme al artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, le anuló la misma a cerca de 40 mil personas, la gran mayoría de ellas, hijos de colombianos nacidos en Venezuela, lo que conllevó el ejercicio por parte de algunos de los afectados, a distintas acciones judiciales en búsqueda de revertir la situación a su estado inicial.
Privar de nacionalidad a una persona, tal como lo hizo con mucho más escándalo internacional y ciertamente en menor cantidad de personas el señor Ortega en Nicaragua, genera afectaciones que, quizás para la mayoría del común, pasan desapercibidas porque no le han ocurrido a ella.
La persona, no solo pasa a ser apátrida, sino que la decisión produce, de pleno derecho el desconocimiento de sus vínculos parentales; asimismo, ella pierde todos los derechos políticos que como nacional del país tenía y además queda expuesta a sanciones penales por uso de documento falso, a la vez que queda -automáticamente- impedida de disponer de sus cuentas y propiedades pues las mismas están a nombre de una persona que ya no es ella y, finalmente, dependiendo de la legislación del país que adopte semejante decisión, su acceso al trabajo, a la salud y a la educación, pueden verse restringidos.
Pero las afectaciones no solo impactan a la persona contra quien directamente la decisión se adoptó, las mismas también afectan a su familia.
Así, por ejemplo, de tener un hijo y ser solo la persona afectada el único nacional del país que adoptó la decisión, si la legislación respectiva solo contempla el ius sanguinis como mecanismo de acceso a la nacionalidad, habrá perdido esta pues el progenitor afectado, ya no tiene aquella. Adicionalmente, si tenía pleno acceso a salud por tener la nacionalidad del país y haber perdido la misma por efecto cascada de la decisión que afectó a su ascendiente, quedará excluido del sistema, con probable riesgo cierto de muerte, tal como ocurrió en Colombia con hijos de aquellos que resultaron afectados por la medida registral.
Una decisión como esa, justificada por quien la expidió bajo el argumento de que esos eventuales electores impactarían el resultado comicial colombiano del 2018- caso de ser revertida, tal como está ocurriendo- conllevará al respectivo Estado a responder pecuniariamente por su accionar pues, tanto en Colombia como en Venezuela -normativas que conozco- el Estado estará obligado a ello, si el respectivo reclamo se produce.
Así ha ocurrido en Colombia, donde la RNEC ha sido condenada a admitir, que su accionar estuvo errado. Constancia de esa situación son dos sentencias de la Corte Constitucional del año 2023 que así lo han establecido; así, tanto en la T 183 como en la T 419 del mismo, esa Alta Corporación determinó que el accionar gubernamental había vulnerado el debido proceso administrativo y que, adicionalmente, de cumplirse unas previsiones específicas que estableció la segunda decisión, la responsabilidad se podía extender a otros casos que cumplieren con los requisitos en ella fijados.
Adicionalmente, en lo personal conocemos de -hasta ahora- trece decisiones definitivas proferidas de manera definitiva por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en casos que hemos llevado ante el poder judicial de esa entidad, donde dicha responsabilidad quedó indudablemente establecida.
Nadie debe alegrarse de que decisiones como esa se adopten pues, cuando el Estado actúa sin control, hoy se la aplicaron a uno y mañana usted puede ser la víctima. Suerte contar, en todo caso con un poder judicial independiente que resuelva en derecho la pretensión, malo es, así lo admito, que ella deba ser decidida por uno que tenga cooptado el mismo.
@barraplural fundacion2pais1
