Disyuntiva
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Meses atrás escribí unas columnas relativas a la problemática que se les presentaba a los venezolanos que solicitan refugio en Colombia por razones políticas y la normativa que el país ha dispuesto para ellos. Lo hice primero con respecto a la que se aprobó para las fuerzas militares y policiales venezolanas que se encontraban en Colombia para mayo del 2018, y luego que se aprobó el Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano –ETMV-.
Ha sido nuestra constante reconocerle a las dos últimas administraciones colombianas las medidas que ellas han adoptado para facilitar nuestra integración al país. El Permiso Especial de Permanencia –PEP- diseñado por la administración del señor Presidente Santos y el Permiso de Protección Temporal -PPT- que la actual gestión que desarrolla el señor Presidente Duque expidió a través del decreto 216 del 2021 son un ejemplo que, cuando existe voluntad política, es factible incidir favorablemente en la migración de un país desde el punto de vista normativo.
La circunstancia de que en el citado decreto 216 se permita acceder a los refugiados al Permiso de Protección Temporal –PPT- que el mismo contempla, origina la circunstancia de que la figura del refugio y sus efectos respecto de las personas que lo solicitan, tengan en Colombia dos normativas que, por lo que se refiere a sus efectos, para alguno de los solicitantes de refugio, se excluyen.
Como consecuencia de la aprobación por Colombia de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, el presidente del país promulgó la Ley 35 de 1961. Dicha ley fue complementada en 1979 con la Ley 65, mediante la cual quedó sancionada como legislación interna el Protocolo sobre el Estatuto del Refugiado. Conforme a la interpretación que respecto de ambas normativas internacionales tiene ACNUR, quien solicite refugio en el país goza de la protección que dichos tratados establecen una vez admitida a trámite la correspondiente solicitud, lo que les garantiza –entre otras cosas- que no serán devueltos al país que motivó la misma o enviados a un tercero que pueda remitir al solicitante a aquel del cual huyó. Ese solicitante de refugio entonces -si bien es cierto que mientras la petición que ha hecho al Estado colombiano esté en curso- no podrá trabajar en el país, no es menos cierto que su seguridad y, porqué no decirlo, vida, no corren riesgos mientras aquella esté en trámite, pues la interpretación de las referidas normas internas, se lo garantizan.
El Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano –EPTMV- prevé la posibilidad de que el solicitante de refugio, mientras no le sea reconocido por Colombia la condición de refugiado y por tanto no se le otorgue la visa correspondiente y se le expida la cédula de extranjería respectiva, puede optar a la protección que le otorgaría el Permiso de Protección Temporal –PPT- el cual, ciertamente, se analiza y por tanto se otorga o niega con mayor rapidez que el refugio respectivo. Esa situación pudiere llevar a quien ha pedido la protección internacional a tener que decidir si prefiere la que ha implementado la administración Duque, lo que implicaría que, de acceder al PPT puede trabajar y estudiar una vez el mismo le es expedido, teniendo solo como alternativa a ello, esperar que la cancillería colombiana le apruebe la solicitud de refugio que presentó.
La decisión, para quien ha solicitado la protección por asuntos políticos –que no por asuntos humanitarios- conlleva riesgos. Esa persona, impedida de trabajar porque no tiene la condición de tal, podrá hacerlo si califica para el Permiso de Protección Temporal –PPT- y, por ende, renuncia de manera expresa a la solicitud de refugio, pero al hacerlo, habrá renunciado a la protección que le acordaban las dos leyes citadas de no ser enviado a Venezuela si desde este país se solicitare a las autoridades colombianas su envío por los canales regulares correspondientes.
La cancillería colombiana seguramente tiene muchas solicitudes de refugio en curso, la mayor parte de ellas por razones humanitarias. Quienes por este motivo lo solicitan, no tienen razón alguna para no acogerse a la protección del estatuto temporal. La disyuntiva –grave por demás- se le presentará a quien lo solicitó por razones de índole política. Si no se acogen, deberán seguir esperando la aprobación o no por parte de cancillería, atados de manos para trabajar, si lo hacen, ponen en riesgo su integridad física pues Venezuela puede reclamarle a Colombia su entrega a ese país.
