El anuncio
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Uno de los temas a los que mayor número de columnas hemos dedicado desde nuestra llegada a Colombia el 29 de julio de 2017, es el relativo al refugio, cuyo alcance se encuentra inicialmente regulado por la Convención del Estatuto del Refugiado de 1951 y el protocolo de la misma de 1967.
Como quiera que por motivos personales nos vimos precisados a estudiar el alcance de la figura, pudimos detectar en la misma una falencia fundamental, la imposibilidad para quien pide la protección, de trabajar en Colombia mientras ella es estudiada por la cancillería del país.
Eso nos llevó en septiembre de 2017 a plantearle por escrito tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a Migración Colombia, nuestra observación al respecto recibiendo de dichas instancias de la administración del Estado la misma respuesta: no le era posible al solicitante de refugio trabajar mientras el proceso no concluyere favorablemente, revictimizando así a quien a dicha protección acudía.
Han transcurrido siete años de eso y sólo un pequeño cambio se pretendió hacer respecto de ese tema pero no con efectos favorables.
Es así como, durante la administración del señor presidente Duque, se suscribió con la administración Guaidó, en mayo del 2019, un memorándum de entendimiento que permitió la expedición de un Permiso Especial de Permanencia para militares y refugiados que hubieren solicitado refugio en Colombia, sujetando la emisión del mismo a la renuncia de la solicitud de refugio, medida esta que repitió la misma gestión presidencial el año 2021 al emitir el decreto 216 de ese año que permitió la creación del Permiso por Protección Temporal-PPT-.
Cuando se expidió el permiso inicialmente citado, escribí más de una columna, luego reiteradas con la emisión del segundo, en la cual sostenía que, con el mecanismo aprobado, se colocaba a quien solicita refugio en la disyuntiva de comer o morir dado que la renuncia al refugio implicaba abrir la posibilidad de que, desde Venezuela, se iniciare un procedimiento válido de extradición que ya no tendría argumentos para no avanzar. Esa posición nuestra fue a posteriori compartida -casi literalmente- por la Corte Constitucional al dejar sin efecto algunos apartes del Decreto 2016 ya citado en atención a esa disyuntiva que quedó plasmada en dicha norma.
Colombia tiene una interpretación extensiva del concepto de refugio en atención a la aplicación por su parte de la Declaración de Cartagena de 1984, que amplía el mismo a motivos humanitarios.
Fue ello lo que originó el colapso de cancillería para analizar las solicitudes de refugio incrementando así el tiempo para decidir las mismas, perjudicando con ello, respecto del acceso al trabajo de quien lo solicita por razones políticas pues a este, normalmente, las autoridades venezolanas le aplican el kit de la revolución, a saber, atribuirle la comisión del delito de traición a la patria o incitación al odio derivado de actuaciones u opiniones de carácter político y con base a ello, prevalidos de su control sobre el poder judicial, decretarle medidas cautelares que le impiden al afectado, la movilización de su patrimonio, lo que no aplica para quien la solicitud hizo por razones humanitarias quien inclusive, puede retornar a Venezuela lo que le está vedado a quien pide refugio por motivos políticos.
Así, como consecuencia de la normativa colombiana de no poder trabajar en el país y por las actuaciones de los órganos venezolanos, ese solicitante de protección por razones distintas a la humanitaria, quedaba condenado a la mendicidad.
Las cosas , sin embargo, parece que cambiaran por lo que un respiro de alivio se sintió en el sujeto de protección y sus familias a ambos lados de la frontera de ambos países.
Ha anunciado este pasado 14 de septiembre en Cúcuta el señor canciller Murillo, de Colombia, que su despacho aprobará que los solicitantes de refugio puedan trabajar. Esa noticia nos complace profundamente.
Ese perseguido, que al país llegó porque teme por su vida, se convertirá en una persona productiva para todos, pudiendo poner en práctica sus habilidades y competencias al servicio de su familia y también de Colombia. Bastará, sin embargo, esperar la normatividad a través de la cual se implementará la decisión que aspiramos sea distinta a la que adoptó la gestión Duque por las falencias de la misma.
Los solicitantes de refugio, por cualquier motivo, pero muy en especial quienes lo hicieron por motivos políticos, estarán no solo muy atentos a la decisión sino también profundamente agradecidos por la misma en tanto y cuanto la misma les garantice que podrán trabajar y se mantenga el principio de no devolución, mientras el proceso de análisis de refugio se adelanta.
@fundacion2pais1 @barraplural
