El legado
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Ha llegado a su fin el tiempo de dirección del señor Alexander Vega Rocha como Registrador Nacional del Estado Civil y como tal es oportuno evaluar su actuación.
Respecto de aciertos no emitiré opinión, pues seguramente como en toda actividad pública, los tiene. Por lo que concierne a su accionar en materia electoral, este pasado domingo, en su columna del diario EL TIEMPO, el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, hace un balance desfavorable de su gestión.
En lo personal, en todo caso, me enfocaré en esta columna respecto de su accionar en materia registral.
Bajo la dirección del Registrador saliente se expidió la Resolución 7300 del 2021 a través de la cual se diseñó el procedimiento que el órgano registral aplicó en Colombia para la anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad a nacionales colombianos, el cual tuvo su culmen el 25 de noviembre de 2021 cuando expidió las resoluciones que afectaron a más de 42 mil personas y por efecto cascada a sus familias, convirtiendo a los afectados directos en apátridas y/o migrantes irregulares, privándoles de nacionalidad, derechos políticos, acceso pleno a la salud y educación, al igual que sancionándoles con expulsión o deportación del territorio nacional si trabajaban o económicamente a quienes les contrataban.
Adicionalmente, les impidió con dicha decisión movilizar cuentas y propiedades pues los titulares de estas dejaron de ser los afectados por carecer del documento que les identificaba y finalmente exponiéndoles al riesgo de ser enjuiciados penalmente y por ello sancionados con prisión de 4 a 12 años por uso de documento falso.
Como complemento a esa actuación administrativa, en declaraciones que el funcionario saliente y quien fuere su director de registro civil de la época, al justificar mediáticamente su actuación, afirmaron que buena parte de las personas afectadas por la decisión respectiva, habían presentado documentos o testigos falsos para demostrar la nacionalidad colombiana, incurriendo así, respecto de las personas que lograron revertir la decisión, en calumnia e injurias impersonales.
Recientemente, ha sido premiada internacionalmente la sentencia T 183 emitida en mayo pasado por la Corte Constitucional. En la misma, con ocasión de una acción de tutela presentada por una de las personas afectadas por la actuacion registral tendente a anular registros civiles de nacimiento y cancelar la respectiva cédula de ciudadanía, esa alta Corporacion hizo un análisis absolutamente desprejuiciado de la actuación registral -como corresponde en derecho hacerlo a un juez- y concluyó en críticas muy severas al accionar del ente registral en la materia sometida a su conociniento, impartiendo en la decision, órdenes y exhortos tendentes a que las falencias detectadas, a futuro, no se repitieren.
El gobierno de Colombia, con ocasión de la decisión del señor Ortega de anular la nacionalidad nicaragüense a menos de 300 personas, expidió declaraciones críticas sobre dicha medida más, lamentablemente, ninguno de los dos últimos gobiernos de esta tierra de Nariño y Caldas, ni su dirigencia política o institucional y, más aún, la representación internacional en el país de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos, ha emitido declaración pública alguna respecto de la decisión registral que impactó negativamente a las más de 42 mil personas señaladas, quedando esa protesta restringida a las universidades que mantienen permanente interés en el tema humanitario y a algunas organizaciones que, como Fundacion2Paises, ha dedicado tiempo a esa materia.
Para tener una idea del impacto numérico de la decisión adoptada, sépase por ejemplo, que solo Fundacion2Paises, acompañó exitosamente a más de 300 personas -y lo sigue haciendo- a recuperar su nacionalidad y ciudadanía y por tanto los derechos de los cuales fueron privados con la respectiva resolución del 25 de noviembre del 21, cifra esta que, si se observa, se corresponde con la misma cantidad de personas afectadas en Nicaragua, lo que indica lo erróneo del proceder administrativo, salvo que se parta del principio de que esas personas fueron un daño colateral, lo que sería escandaloso.
No dudo que la gestión del señor Registrador saliente tiene muchos claros, sin embargo, no dudo que los oscuros, como la masiva pero errónea cancelación de cedulas de ciudadanía a través de un procedimiento inconstitucional, pesan más que los primeros, más aún cuando que, al interior de dicha dependencia, no se reconoce, hasta ahora, cuando menos respecto de las personas que actuaron contra la administración y demostraron el incorrecto proceder de la misma, su errar en el accionar y ello a pesar de que, en buena parte de los casos en que restituyeron nacionalidad y cédula, sustentan la decisión en que la Registraduría violó la Constitución o la ley y le causó al afectado agravio injustificado.
Inicia esta semana el doctor Hernán Penagos su gestión como nuevo Registrador Nacional del Estado Civil. Los afectados por la decisión de su predecesor, lo menos que esperan, es que se reconozca la errada actuación de este en el área registral motivo de esta columna. Ello sería, a no dudarlo, una muestra de coherencia respecto de lo que hizo el Estado colombiano con los afectados por Nicaragua.
@fundacion2pais1
