Errado supuesto
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Insiste el gobierno del señor Presidente Duque en afirmar que no procederá a vacunar a los migrantes irregulares venezolanos en el país, porque ello traería como consecuencia que desde Venezuela se trasladare un importante grupo de personas a fin de recibir las dosis respectivas.
Uno, como extranjero, debe ser muy cuidadoso al hacer observaciones a las políticas públicas que el país de acogida dispone, pero debe señalarse que el planteamiento presidencial parte de una falsa premisa puesto que uno de los elementos que caracteriza la actual situación venezolana es la carencia interna de gasolina, lo que, sumado a las prácticas de cuarentena motivado al covid en el país -que nuevamente se aplicarán a partir de enero- limitan la movilidad de los venezolanos.
Planteada la situación en los términos descritos por el señor Presidente Duque, es lo cierto que naturales colombianos serán afectados por dicha decisión. En efecto, es de recordar que el mismo estado colombiano atribuyó a niños nacidos en el país, -hijos de padres venezolanos migrantes irregulares- la nacionalidad por nacimiento.
Dentro de ese cúmulo de padres, seguramente algunos no se habrán inscrito en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos que abrió el gobierno Santos y que dio origen al PEPRAMV, por lo que esos padres solo tendrían acceso al Permiso Especial para el Fomento de la Formalización –PEPFF- aprobado a fines de enero de este año.
En esas condiciones, sólo un venezolano irregular con hijo colombiano, que hubiere podido acceder a este último instrumento, podrá ser beneficiario de la dosis anti covid respectiva.
Así las cosas, respecto de los padres de niños colombianos, el país tiene doble rasero. Si son nacionales de Colombia o están regularizados en el país, se les aplicará una política; si no forman parte de ese grupo, otra.
En estas líneas hemos propuesto –y hoy lo reiteramos- que es menester diseñar una política de inclusión al migrante, pero con mayor razón es imperativo hacerlo para quien teniendo esa condición, sea a la vez padre de nacional colombiano. La ausencia de un padre nunca es buena y si la misma es eventualmente consecuencia de una política de estado, será peor. Identificar al migrante, verificar sus competencias y aprovechar los mecanismos institucionales para dirigirlos a la parte del país donde sus competencias sean más apreciadas, son políticas de estado que a Colombia beneficiarán, eso indiscutiblemente creemos.
Quienes deciden que la migración sea un problema en lugar de una oportunidad no son los migrantes; son las políticas que desde el estado se establezcan. En la medida que ellas sean inclusivas, el país, los migrantes y sus familias serán beneficiados.
Aprovechemos la coyuntura para construir en Colombia, el mejor sistema migratorio del siglo 21. Decisiones como las que motivan esta columna, van en contravía de ello, sobre todo si aplicamos como corresponde el artículo 100 de la Carta Política. Es una respetuosa observación.
