Expectante
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Así concluyo se encuentra el estado colombiano respecto de la situación política venezolana y las decisiones internas que, en atención a la presencia de los nacionales de ese país, adoptará la administración del señor Presidente Petro en atención a esa migración.
Esta semana recién concluida, la cancillería colombiana hizo público un proyecto de acto administrativo a través del cual daba por finalizada la excepción que la ha concedido a los nativos de la tierra del Libertador, de transitar y permanecer en Colombia con pasaporte vencido.
La publicación permaneció menos de veinticuatro horas en la página web respectiva y fue desmentida via la red X por el señor presidente Petro. Luego, el señor Murillo, canciller colombiano, precisó a los funcionarios de su despacho que la actual administración, bajo ningún respecto, adoptaría decisiones que perjudicaren la presencia venezolana en Colombia, así como su integración al país. Lo sucedido sin embargo, permite llegar a algunas conclusiones.
La primera que, funcionarios de la administración actual –y fueron cinco quienes intervinieron en la normativa sometida a consulta- no están conformes con la presencia venezolana en Colombia en las condiciones en las cuales se encuentran; la segunda –y lo deduzco de las declaraciones del presidente Petro en atención al respecto de los resultados electorales, no se adoptará ninguna medida de regularización general, si es que esa fuera finalmente la decisión, antes de conocer los resultados electorales del 28 de julio pues el gobierno, al igual que el de Brasil, tiene puestas sus esperanzas en el retorno a nuestra tierra de quienes de ella nos vimos precisados a salir.
La tercera conclusión es que la actual administración colombiana tiene la certeza –salvo que ocurra el mayor de los imprevistos o un absoluto desconocimiento de los resultados electorales- que en Venezuela habrá un cambio político, lo que de hecho a nuestro juicio quedó en evidencia con la entrevista que sostuvieron el gobernador Rosales y el presidente Petro en la última visita de este a Caracas.
Bajo esos supuestos, los venezolanos no debemos esperar, de aquí a julio una medida de regularización distinta a la recién anunciada para los padres de niños venezolanos que obtuvieron PPT al 12 de agosto del 2022 pues el gobierno colombiano apuesta a nuestro retorno a Venezuela una vez conocido el resultado electoral. Solo si este es contrario al cambio previsto, estudiará –así lo creo- alguna medida adicional de regularización para el migrante irregular que a Colombia arribó a partir del 1 de febrero de 2021.
La actual posición de la administración colombiana contradice en todo caso, la opinión de los migrantes venezolanos respecto de un eventual retorno al país.
A la fecha, mayoritariamente, quienes a Colombia llegaron habían ratificado su interés de permanecer en Colombia mas es lo cierto que desconozco si esa premisa se fundaba en la creencia de la imposibilidad de un cambio en el gobierno venezolano que, al parecer, a la fecha resulta factible.
Bajo los parámetros descritos, el venezolano que al día de hoy se encuentra en Colombia sin poder regularizar su condición migratoria, continuará impedido de contribuir en la medida de sus posibilidades al desarrollo del país y asimismo, competirá en forma ventajosa con el colombiano respecto de los puestos de trabajo pues una parte del empresariado preferirá pagar menos del salario mínimo a quien sabe que por necesidad lo aceptará, que hacer el pago de ley a quien sin duda se lo exigirá si el mismo no alcanza a ese umbral.
Así las cosas, no solo los venezolanos, dentro y fuera del país están a la expectativa de lo que ocurrirá el 28 de julio próximo, sino que también lo están distintos gobiernos del mundo, especialmente el colombiano, para adoptar –todos y cada uno de los involucrados- las medidas que mejor se ajusten a su interés personal, particular, familiar o nacional.
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