Fallo importante
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Expidió la Corte Constitucional el pasado 2 de noviembre del 2021 la Sentencia T-375/21, la cual es de suprema importancia para los colombianos nacidos en Venezuela afectados por la decisión de la Registraduría Nacional del estado Civil de privarlos de su nacionalidad.
El asunto tratado en la decisión es idéntico al de la gran mayoría de los casos –si no todos- que hemos conocido al presente: Esa dependencia oficial inicia un procedimiento administrativo, nunca notifica personalmente a la parte afectada, emite la resolución y la ejecuta y con ella priva de nacionalidad y número único de identificación Personal –NUIP- al ciudadano afectado por la misma, con todas las implicaciones personales que ello conlleva.
Los señores Magistrados de esa corporación decidieron que en situaciones tan excepcionales como esa, a pesar de que el instrumento a impugnar era un acto administrativo, podía ser enervado a través de la acción de tutela puesto que el riesgo al cual se sometía a la persona –de distinta naturaleza- no es que era inminente, sino que ciertamente era real, pues se le privaba de personalidad jurídica.
De la misma decisión se desprende que “no puede actuar en sociedad con el nombre que la ha identificado siempre, mucho menos ejercer sus derechos ni obligaciones como ciudadana”, lo que constituye un perjuicio grave e indudable, lo que obviamente justifica el ejercicio de las tutelas que se han presentado contra la actuación.
Lamentablemente, el criterio sostenido en el fallo referido no ha sido aceptado unánimemente y es así como ante algunas pretensiones de amparo, quienes han conocido de las mismas, con simpleza remiten al afectado al ejercicio de los recursos ordinarios que la jurisdicción contenciosa otorga, obviando que a quienes eso pretenden obligar, se encuentran en este momento quizás hasta en situación de apatrídia si hubieren renunciado a la otra nacionalidad que ostentan o, en todo caso, en condición de migrante irregular en Colombia que, como lo saben quienes la misma tienen, les impide trabajar, estudiar, emprender y acceder a salud mientras la misma se mantenga, lo que no se resuelve, en el caso de los nacidos en Venezuela con la protección del estatuto creado por el señor Presidente Duque pues la sola inscripción en el mismo –el llamado pre registro- no sirve como documento de identificación y, por el otro lado, al depender de la Unidad Administrativa Migración Colombia el otorgamiento final del Permiso de Protección Temporal, se encontraría que, en los sistemas informáticos del país, la persona que aspira el mismo es sujeto del delito de falsa identidad producto de la resolución de la Registraduría, lo que, sin duda dificultará el otorgamiento de ese permiso.
Difícil les ha tocado en esta situación a nuestros hermanos venezolanos –que también son colombianos- que quedaron expuestos a un procedimiento administrativo masivo y desconocido por todos.
La decisión en referencia finalmente repuso la causa al momento de que se notifique a la accionante de la tutela para que ejerciera su derecho en el procedimiento respectivo, que es lo que debería ocurrir con todos los demás afectados por las distintas resoluciones que no conocieron personalmente del respectivo procedimiento, lo que implicará que ante la misma los afectados deberán defenderse y exponer las defensas que crean conducentes.
