Idéntica situación
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Hace exactamente seis años atrás el Gerente de Fronteras que la administración del señor presidente Santos designó para atender el tema de la migración venezolana –Felipe Muñoz, hoy en el BID- anunció al país el número de migrantes irregulares venezolanos que se habían inscrito en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos implementado durante esa gestión gubernamental para regularizar a los nacionales de ese país que en esa situación migratoria se encontraban en Colombia. Ese 15 de junio de 2018 la cifra informada fue 442.462 personas en esa situación.
Ese registro, implementado en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional –la T 073 de 2017 que dio origen al Permiso Especial de Permanencia- permitió identificar a quienes en esa condición migratoria tenían, facilitando así la seguridad interna de Colombia y permitiéndoles con ello a los beneficiarios incorporarse plenamente como habitantes del país en atención a lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia, lo que nos lleva a concluir en tal sentido que fue un perfecto gana-gana para todos.
Ha anunciado Migración Colombia esta pasada semana que, al 29 de febrero de 2024, nos encontramos en Colombia 2.845.706 venezolanos; de estos, 486.072 de ellos vale decir, 43.610 personas más que en 2018, se encuentran actualmente en Colombia en situación migratoria irregular, lo que resulta sorprendente, no por el hecho que tengan la misma, sino porque, a sabiendas que para un número similar de personas se diseñó una política pública que fue exitosa, tal como nadie duda en calificar el registro administrativo de migrantes citado, la administración del señor presidente Petro, solo hubiere aprobado en los veintidós meses que lleva en ejercicio desde la Casa de Nariño, la regularización de los padres de los menores de edad que, para el 12 de agosto de 2022 estuvieren inscritos en el sistema escolar colombiano.
Aun cuando pareciere que la actual gestión pública colombiana no lo comparta, la regularización migratoria es fundamental para el país. Ella permite saber quién está en Colombia, qué sabe hacer y cómo puede ayudar a crecer al país, al extremo que permitiría redireccionar al migrante hacia aquella región nacional donde sus habilidades y conocimientos sean más apreciados, lo que sin duda impactaría favorablemente las cuentas nacionales en un momento en que, desde el alto gobierno, se informa a todos los habitantes de esta generosa tierra, que ellas no están en su mejor momento.
Un migrante regular tiene la posibilidad de cubrir, legalmente, el puesto de trabajo que deja vacante el colombiano que migra, cuyo número, según se anunció esta pasada semana es casi similar al del venezolano que a Colombia ha ingresado pero, además, de competir con otro nacional del país por un puesto de trabajo, lo haría en condición de igualdad y no con ventaja por su irregularidad y la viveza empresarial que prefiere contratarlo por menos salario. Un venezolano en condición migratoria regular puede emprender legalmente y en tal sentido contratar para trabajar con él a un colombiano desempleado, lo que le es imposible si persiste su irregularidad.
Admito que me resulta sorprendente que, desde que en agosto del año pasado el señor director de Migración Colombia anunciare medidas atinentes a la regularización de la migración irregular, a esta fecha esta solo se hubiere expresado a través de la regularización a agosto del 2022 antes citada.
Si proyectásemos las cifras que anunció Migración Colombia al 29 de febrero pasado respecto de la distribución etárea de la población venezolana en el país a esa fecha, el 75% de los irregulares que en Colombia se encontraban al fin de ese mes, es decir, 364.554 personas, estarían en capacidad de aportarle económicamente al mismo, cifra ella que no fue despreciable en modo alguno para la administración Santos cuando implementó el registro administrativo de migrantes referido.
Colombia pierde y también los migrantes y sus familias, cuando no identifica a quienes dentro de los límites nacionales se encuentran; una decisión como la de regularizar a quienes en la tierra de Nariño y Caldas habitan sería coherente con las políticas humanistas que la actual administración aspira aplicar a distintos sectores sociales de Colombia. Abrir un nuevo proceso de regularización es entonces, una respetuosa sugerencia que desde esta columna hacemos.
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