La Registraduría y la apostilla
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Una de las motivaciones que la Registraduria Nacional del Estado Civil ha dado a los tribunales que le han requerido los motivos por los cuales ha privado de nacionalidad colombiana a los afectados por las resoluciones masivas expedidas el 21 de noviembre pasado –con ocasión de las distintas acciones de tutela contra ella impetradas- es que las partidas de nacimiento venezolanas que le fueron presentadas no estaban apostilladas, aplicando para ello una normativa vigente a partir del 3 de marzo de 2017, aún a personas que diligenciaron su nacionalidad con anterioridad a esa fecha.
Independientemente del tema de retroactividad de la ley, es lo cierto que, en varios casos, la Registraduría, bien motu proprio, bien por decisión judicial, ha repuesto la nacionalidad y el Número Único de Identificación Personal –NUIP- de las cuales había privado a los afectados y les ha concedido un plazo de dos meses para que presenten la partida venezolana apostillada.
La apostilla, en otras ocasiones lo hemos referido, es un mecanismo de validación documental internacional ajustado a la Convención de La Haya en esa materia del año 1961 que, tal como nos lo reconoció en determinada oportunidad la cancillería colombiana, es un instrumento optativo para el Estado y fue, ciertamente, lo que el mismo hizo antes del 3 de marzo de 2017 cuando permitía que las partidas venezolanas que se le presentaren a la Registraduría, no tuvieren esa característica. En todo caso, ella está siendo requerida y por tanto el afectado –salvo que pueda acceder al régimen excepcional que prevé la normativa- debe diligenciar lo conducente para obtenerlo.
Sucede, sin embargo, que el plazo concedido por esa dependencia registral para que se realice en Venezuela el trámite exigido, es de imposible cumplimiento en condiciones normales para quien lo requiere. En efecto, a diferencia de Colombia que apostilla la documentación en cortísimo tiempo –una semana cuando mucho- y de manera totalmente virtual, en Venezuela las citas, en este momento están siendo concedidas para el mes de junio -3 meses- y de forma presencial, lo que obliga al interesado, bien a viajar a Venezuela o a conferir un poder, corriendo el riesgo en este último caso que la apostilla salga a nombre del apoderado lo que implicará que Colombia lo rechace.
La otra alternativa que le queda a quien en Colombia se encuentra y carece de testigos en el país que puedan coadyuvarle en la vía excepcional que prevé la regla 5 del citado Decreto 356 de 2017 para acreditar su nacionalidad, es que el interesado recurra a terceros que agilicen en Venezuela el procedimiento, con costos cercanos a los 500 dólares americanos, lo cual en la actual circunstancia de nuestros connacionales en Colombia es una cifra casi inalcanzable para la mayoría que, si trabaja, recibe por lo general, salario mínimo.
Si de alguna manera la Registraduría Nacional del Estado Civil pudiere colaborarle a los colombianos nacidos en nuestra tierra, es modificando la exigencia y fijándole plazo al afectado por sus decisiones para que solicite la cita para apostillar y en función del otorgamiento de la misma, prorrogue aquél a 30 días posteriores a la misma para que el interesado presente el documento apostillado requerido. Como siempre, es una respetuosa sugerencia.
