Modificación normativa
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Esa es la que, respetuosamente, sugerimos a Colombia en relación con los solicitantes de refugio y, obviamente, no me estoy refiriendo a la relativa a los tratados internacionales que en esa materia aplica –la Convención sobre el Estatuto del Refugiado y el Protocolo de la misma- sino a normatividad de carácter sublegal que está trabando la efectiva protección de estos.
En la actual circunstancia que impacta a estas tierras producto de la presencia masiva de venezolanos consecuencia de las prácticas políticas, económicas y humanitarias desplegadas desde el Palacio de Miraflores por el señor Maduro, resultan perjudiciales para Colombia –y también para quien refugio político solicita- los términos en los cuales a la fecha, Colombia concibe la presencia productiva del solicitante de refugio, lo que no será resuelto por el Estatuto de Protección Temporal diseñado por la administración del señor Presidente Duque.
Como en previos escritos lo he señalado, el solicitante de refugio en Colombia mientras se adelanta el conocimiento de su proceso en cancillería del país, tiene ciertamente un documento que regulariza su situación en el mismo –el salvoconducto de permanencia-, el cual le permite vincularse al sistema de salud, pero no facilita el que pueda trabajar en el país, lo que dificulta enormemente su manutención en esta nación, dado que depende de la ayuda de personas amigas o de una contratación en condiciones desventajosas.
Como lo ha señalado el Consejo de Estado, el solicitante de refugio puede trabajar en Colombia, siempre que se le contrate conforme a los términos de la legislación interna, que en este momento exige visa o, en su defecto, –para el venezolano en condición de irregularidad migratoria- a un Permiso Especial para el Fomento de la Formalización –PEPFF-, pero el desconocimiento de este instrumento por parte de la generalidad del empresariado local, por una parte, y por la otra la circunstancia de que el mismo solo protege a quien solicita trabajo –sin poder emprender en tal caso-, más la situación de pandemia, limitan sustancialmente el acceso de todos al mismo, tal como lo evidencian las cifras.
Finalmente, la circunstancia de que en el Estatuto de Protección se pretenda que el solicitante de refugio renuncie a este para acceder a las ventajas que este instrumento contempla, complica más aún la situación pues dicha decisión es fácil exigírsela a quien pidió la protección por razones humanitarias –salud por ejemplo- pero no así por razones políticas, pues este escapó de Venezuela para salvar la vida y requiere que el estado que le recibió implemente los mecanismos internacionales para protegerla como consecuencia de la suscripción de los referidos tratados.
En todo caso, como quiera que es práctica nuestra no solo enunciar el problema sino proponer soluciones, respetuosamente solicitamos se modifique la normativa interna de carácter sublegal y se le permita al solicitante de refugio por razones políticas, trabajar en Colombia con todas las garantías que corresponden, mientras avanza el conocimiento de su procedimiento administrativo. Así, quien pide la protección podrá, por sus propios medios mantenerse en Colombia y ayudar al crecimiento económico del país.
