Pedirle Peras al Olmo
Por: Carlos Fernando Guerrero Osorio
No se puede pretender que un servidor público sea totalmente imparcial, que llegue sin compromisos de ningún tipo, cuando su elección es hecha por políticos y bajo reglas de la política. La Constitución de 1991 es un texto ejemplar a nivel mundial por su desarrollo y amplitud en derechos para las personas, pero no puede decirse lo mismo sobre las reglas que establece para la selección de altos dignatarios del Estado. Aunque en no pocos lugares del mundo ocurre igual, el diseño del Estado colombiano es defectuoso porque la elección de las cabezas de sus órganos de control debería estar alejada de órganos y procedimientos políticos.
Las elecciones del Contralor y del Procurador deben pasar por el Congreso y previamente por la nominación de Altas Cortes. De una parte, no es acertado asignar funciones electorales a los magistrados, pues genera un escenario propicio para la voracidad de puestos por parte de éstos, cuestión sencillamente desastrosa. Ni qué decir de los parlamentarios y su natural ambición por tener bajo control las posiciones importantes en las entidades mencionadas, las cuales van a controlar tanto a miembros de sus facciones políticas como a ellos mismos. Es absolutamente ingenuo creer que la nominación y la elección del Procurador y el Contralor no pasan, por lo menos, por un significativo intercambio de cuotas burocráticas por los votos correspondientes para conseguir la posición.
Otro escenario no menos indecoroso es la elección del Fiscal General. Una vez más la Constitución del 91 pone a los magistrados de la Corte Suprema a elegir un funcionario con una nómina jugosísima a su disposición. Además, la terna sobre la que la Corte elige a dicho funcionario la arma el Presidente del país, quien obviamente pertenece a un partido político y, por lo tanto, naturalmente nominará personas que sean afines a su corriente ideológica. Precisamente por esto siempre hay una sensación de ‘politización’ de las decisiones que adopta el Fiscal General.
Se avecina la elección del Defensor del Pueblo. Aunque no es un órgano de control en estricto sentido, sí es una entidad que debe gozar de toda la independencia del caso para cumplir su labor de defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas. No son pocas las voces de alerta por el riesgo de convertir la nómina de esta entidad en un fortín burocrático. En realidad, ese riesgo no es de la elección actual sino de siempre; desde que se introdujo en Colombia la figura del Defensor del Pueblo, este es elegido por la Cámara de Representantes, un escenario netamente político. Sin excepción, es posible identificar los partidos o movimientos políticos a los cuales pertenecen o con los que tiene alguna filiación cada una de las personas que ha ostentado ese cargo.
Si queremos tener un Estado serio en cuanto a la selección de este tipo de funcionarios, el diseño institucional requiere ajustes. Fiscal, Contralor, Procurador y Defensor deberían ser elegidos por concurso de méritos, sin intervención alguna de servidores de las ramas del poder público. Deben ser funcionarios cuya única razón para tener semejantes responsabilidades debe ser su mérito académico y su experiencia específica para el cargo. Además, deben ser posiciones de cierre de carrera profesional, para que quienes aspiren a ocuparlas no lo hagan pensando ‘en el siguiente paso’ de una carrera política. Si un ajuste constitucional en este sentido no se hace y, por lo tanto, se mantiene el enorme contenido político de la elección de estos altos dignatarios, es muy poco lo que se puede hacer para mitigar las dudas sobre su elección y la incertidumbre sobre sus intereses políticos en el ejercicio de sus cargos. Pensar que hoy es posible pedirle a alguno de estos funcionarios que se desvinculen por completo de la política nacional, que estén libres de cualquier atadura frente a intereses ideológicos, es ‘pedirle peras al olmo’.
