Pernicioso efecto
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Como es bien sabido, el gobierno del señor Presidente Duque aprobó la implementación del Estatuto de Protección Temporal al Migrante Venezolano –EPTMV- que le permite a quienes hubieren llegado a Colombia antes del 31 de enero del año pasado o ingresen al país –pasando por migración y sellando pasaporte- hasta mayo del año 2023, el permanecer de manera regular en Colombia por diez años y, por tanto, tener derecho a trabajar, estudiar, acceder a salud y emprender sin más documento que el Permiso de Protección Temporal que dicha normativa contempla.
Ocurre, sin embargo que -conforme a la misma- el otorgamiento en cuestión es potestativo de la Unidad Administrativa Migración Colombia, lo cual uno no discute pues cada Estado es soberano para recibir en su territorio a quien considere conveniente, pero es allí donde comenzará el problema de los retornados colombianos nacidos en Venezuela a quienes la Registraduría Nacional del Estado Civil les retiró la nacionalidad y les canceló su Número Único de Identificación Personal –NUIP-.
En efecto, todas las resoluciones emitidas tienen la característica que el supuesto con el cual concluyen es que todos los afectados por las decisiones de la Registraduría incurrieron en Falsa Identidad y, por consiguiente, cuando la persona concurre a alguna oficina pública o es detenido en la calle, el policía que lo haga inmediatamente le retendrá y le remitirá a tribunales para que le judicialicen.
Al carecer de cédula de ciudadanía pero ser venezolano, el afectado se inscribirá en el Registro Único de Migrantes Venezolanos que prevé el estatuto, pero dicha inscripción no implica en modo alguno identificación y –como referí- la aprobación final de la protección estará a cargo de Migración Colombia la que, vista la existencia de un requerimiento de carácter penal contra el solicitante, probablemente negará el otorgamiento del permiso temporal. Así entonces, el nacional colombiano por nacimiento –privado de nacionalidad a pesar de que la Constitución Política lo prohíbe- podrá ser expulsado de Colombia.
Pareciere pertinente que el gobierno nacional, vista la situación en la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil ha puesto a más de cuarenta mil colombianos, adopte alguna política pública que les permita a los mismos, valerse de su nacionalidad venezolana mientras resuelve en estrados o ante la misma administración, la situación en la cual esta lo ha puesto o que, en su defecto, dicha instancia administrativa, en aplicación de la sentencia T-375-21 revoque directamente las resoluciones emitidas, reponga las causas a la etapa de inicio de las mismas y proceda a poner en conocimiento personal a los afectados de la correspondiente actuación, máxime que ahora, como consecuencia del revuelo que se ha originado, buena parte de los afectados conocen su situación. Es una respetuosa sugerencia.
