Preocupada
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Así está la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC- de Colombia, como consecuencia de las decenas de procesos judiciales que tiene en contra, vista su decisión de anular, masivamente, en noviembre del 2021, los registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía de más de 43 mil personas.
Esas decenas a que hace referencia, no se conformaron con que, gracias a la actuación -seguramente entre otros- de los abogados de Fundacion2Paises, recuperamos su documentación, tal como lo hicimos con cerca de cuatro centenas de afectados, sino que adicionalmente, logramos que la dependencia registral admitiere que, cuando expidió la resolución a través de las cuales les privaba de ese documento fundamental, con su actuación, había violado la Constitución y la ley y les había causado a los afectados, un agravio injustificado, todo lo cual, por cierto, fue posteriormente reconocido por la Corte Constitucional en dos sentencias la T 183 de 2023 y la T 419 del mismo año.
Esas decisiones emitidas individualmente para cada uno de los afectados, en esos términos, fue lo que originó que esas decenas de personas, demandaren a dicho ente registral por los daños derivados de aquella actuación administrativa y exigieren el pago de las indemnizaciones correspondientes por haberles privado del «derecho de los derechos», término este utilizado por la Corte Constitucional para referirse a la nacionalidad.
Así hoy, la RNEC, ante la evidencia de que han comenzado a salir en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca las sentencias definitivas que reconocen su responsabilidad por la referida decisión anulatoria y ordena a la misma indemnizar al respectivo afectado, plantea que la eventual sumatoria de dichas indemnizaciones, afectará financieramente al país, lo que no deja de ser sorprendente pues la totalidad de las mismas, cuando mucho, alcanzaría a cerca del 1% del costo de la consulta popular que planteó el señor presidente Petro y que, aparentemente, esta misma semana ratificará.
Adicionalmente, resulta sorprendente que, a pesar de las decisiones definitivas en contra, la RNEC continúe afirmando que, quienes han reclamado con éxito la devolución de su nacionalidad, son «presuntos afectados», porque ello implica, en el fondo, que desconocen la importancia de la cédula de ciudadanía para cualquier persona. Así, por ejemplo, piénsese solamente que, en la antigua Roma, cuando un ciudadano era detenido y condenado, perdía aquella condición más su patrimonio y libertad, riesgos estos similares a los que sometió la RNEC a quienes anuló su registro civil, convirtiendo -a quien no tenía otra nacionalidad distinta a la colombiana- que los hay entre los impactados por dichas medidas, en apátridas.
Todas esas afectaciones que la decisión registral produjo en los perjudicados por esta, son daños susceptibles de reparación y es lo que, en este momento a la RNEC preocupa, no valorando -hasta la fecha- la importancia de la documentación erróneamente por ella anulada. Así entonces, como consecuencia de la decisión registral referida, quienes lograron la restitución de su documentación, fueron daños colaterales en un procedimiento que, todavía hoy, a muchos resulta inexplicable.
La cédula de ciudadanía es un documento invaluable y su errónea cancelación, lo menos que puede hacer es generar responsabilidad para quien lo ordenó, ergo, la RNEC.
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