Pret-A-Porter
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Es esa la expresión francesa que se traduce listo para llevar. Ciertamente, se utiliza en el ramo textil pero algunos creen que puede aplicar para otras áreas, inclusive el mundo del derecho.
Esta semana supimos de una persona afectada por la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil que radicó una acción de tutela con vista a un formulario que recibió por una de sus redes, preparado –según se afirmó- por alguna persona que está tratando de colaborar en esa situación. Desconozco la veracidad de esta última afirmación pero es lo cierto que a más de un lego le he escuchado afirmar que ello es posible y no saben en el error que incurren.
Ciertamente, la legislación colombiana permite que las acciones de tutela sean presentadas sin la asistencia de abogado, pero de allí a pensar que sin la intervención de estos puede prepararse, creo que existe un gran error. Una cosa es que la persona considere que se le han vulnerado derechos constitucionales, y otra que estudiosos del tema encuadren la situación en el respectivo supuesto normativo que, aún cuando en Colombia no se está obligado a citar, no es menos cierto que adquiere gran relevancia cuando se trata de una conducta como la desplegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de los colombianos nacidos en Venezuela; de allí que a todos los que de alguna manera están dispuestos a escuchar una opinión, les decimos cada caso es un caso, probablemente distinto a otro, lo que amerita estudio y respuesta personalizada.
Pero lo que ocurre con el afectado puede estar ocurriendo igualmente con quien debe decidir la pretensión de protección constitucional.
Para algunos –ciertamente la minoría que hemos observado- como quiera que se pretende discutir una actuación administrativa, lo conducente es que el afectado, una vez que quedó firme la decisión de revocar la nacionalidad, ocurra por la vía contenciosa administrativa a dilucidar su pretensión, obviando que, a consecuencia de la actuación que generó la misma, la vida de la persona afectada ha cambiado íntegramente en ciento ochenta grados pues, de ser ciudadano del país, con posible acceso pleno a todos los servicios que el mismo presta, así como a los bienes que en el país tenga, pasó a ser un migrante irregular con limitado acceso a los mismos –sino un apátrida en el supuesto de que hubiere renunciado a la nacionalidad venezolana-, y además estaría sujeto a que contra él, el Estado despliegue todo su accionar sancionatorio, inclusive proceso judicial y hasta extrañamiento del territorio nacional.
La aspiración que deducimos en los afectados con quienes hemos podido dialogar respecto de la situación originada por el accionar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es que se les permita demostrar la veracidad de los soportes que evidenciaron inicialmente su solicitud de nacionalidad, pero en condiciones de vida normal de defensa y no, como ahora, afectados personalmente por un accionar a todas luces contrario a la norma y obviamente vulnerador del derecho a la defensa y al debido proceso.
A diferencia de lo que ocurre cuando cualquier persona concurre a una tienda a comprar un traje o un vestido -que adquiere lo que hay porque está listo para ponérselo-, ni las acciones de tutela ni los fallos que con ocasión de las mismas se emitan, deben ser pret-a-porter. Ellas, ciertamente, deben ser a la medida, en función de cada situación particular.
