Respetuosa petición
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
En septiembre de 2017, en ocasión de una reunión de trabajo que el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia de la época –Rodrigo Lara- convocó con el director de Migración Colombia Christian Kruger, les manifesté a los mismos lo extraño que me parecía que las disposiciones legales colombianas limitaren el acceso al trabajo a quienes llegaban al país solicitando refugio por razones políticas.
Sostuve en esa reunión que quienes así arribaban a Colombia llegaban al país muy probablemente afectados porque en el propio, el gobierno de turno, no solo les perseguía para encarcelarlos sino que adicionalmente, a pesar de que la actuación que originaba la decisión gubernamental era de índole eminentemente política, impedía con medidas judiciales la movilización de cuentas y propiedades.
En aquella reunión el mencionado director de la referida unidad administrativa especial afirmó que consultaría la situación con sus asesores legales, lo cual en efecto hizo y días después llegó a nuestro correo la respuesta respectiva.
La misma, que coincidió con la que respecto del mismo tema solicitamos a la cancillería del gobierno del señor presidente Santos, reiteró el concepto según el cual en Colombia solo podía trabajar el extranjero que tuviere visa que lo permitiere, incluyendo allí obviamente, a la persona que solicitó –y se le concedió- refugio, posición esta que tiene inclusive sustento en sentencias del Consejo de Estado.
Ciertamente ese es el estado de la legislación colombiana y por tanto la misma debe ser acatada por todos los que en el país habitamos, pero considero, así lo afirmo, que hay en ella una falencia.
Tal como he escrito en otras oportunidades, quien es perseguido en su país por razones políticas no sella pasaporte en el puesto fronterizo correspondiente y no lo hace porque sabe que corre el riesgo de ser detenido. Así entonces, su ingreso al país que eligió para que le proteja –en este caso Colombia- es irregular y por ende, su condición también lo es. Su estancia ciertamente se regulariza cuando Migración Colombia expide un salvoconducto pero entonces el solo podría trabajar si consigue que alguna persona lo contrate, no pudiendo por ejemplo hacerlo por su cuenta pues, nuevamente, carece de visa que lo permita.
Obvio en la explicación que la persona pueda optar a otra visa, -socio propietario, inversionista, profesional independiente- porque reitero, lo habitual en quien salga perseguido es que no es hombre de fortuna y adicionalmente, seguramente no venía preparado con títulos apostillados
Así entonces, al estarle impedido a esa persona trabajar legalmente, queda la misma sujeta a las sanciones económicas que la normativa migratoria colombiana establece en caso de hacerlo contrariando la ley, las cuales se harán extensivas a aquél que, condolido de su situación, le colaboró ayudándole con el sustento diario.
Colombia es un país de derechos pero en ese tema que menciono tiene una falencia.
Exigirle a quien al país llega solicitando refugio, que se mantenga con sus recursos mientras el Estado analiza su solicitud, es condenar a la mendicidad a esa persona que corrió el riesgo en un país hermano –el caso emblemático de Venezuela- de enfrentar la situación política del mismo, bien adoptando decisiones institucionales, informando como periodista o porque no, huyendo de persecuciones judiciales maliciosas, por solo citar tres ejemplos.
Como quiera que seguramente cada uno evalúa según su experiencia o conocimiento, en nuestro caso viene a la memoria la amplitud con la cual la tierra de Bolívar recibió en los años setenta del siglo pasado a la dirigencia política, periodistas, abogados, profesores universitarios, entre otros que, por razón de su posición en su Chile o Argentina natal, fueron perseguidos por los señores Pinochet y Videla, a quienes nuestra institucionalidad facilitó su incorporación plena e inmediata a la vida del país sin que tuvieren que correr el riesgo de mendicidad que, eventualmente, ocurre en Colombia, al cual nos hemos referido. Así las cosas, pareciere lo conducente que, tanto la Cancillería del país como Migración Colombia, analizaren lo planteado y en función de ello adoptaren las medidas que fueren conducentes, tal como respetuosamente siempre proponemos.
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