Una frontera, mil entradas
Por: Gonzalo Oliveros Navarro
Si la frontera entre Colombia y Venezuela tuviese una única puerta de entrada y salida de dos metros a través de la cual solo fuere posible ingresar a ambos países, sería entendible que esta permaneciere abierta o cerrada –según las circunstancias que ambos gobiernos resuelvan- y así garantizar quién la atraviesa, pero esa no es la situación.
Más de dos mil kilómetros de franja fronteriza existe entre ambas naciones, la cual se diluye con el trasiego general de los viandantes en ambos sentidos, porque como bien nos dijere el señor Obispo de Cúcuta en agosto del 2017, ella es “una línea de tiza que los pies de los viandantes borran”, y al ser así, es imposible controlar la circulación entre ambas naciones. Esa es una realidad.
El Estatuto de Protección al Migrante Venezolano implementado por la administración del señor Presidente Duque ha establecido que se regularizará en Colombia al migrante venezolano que demuestre haber ingresado a Colombia al 31 de enero del 2021, lo cual deberá acreditar con pruebas sumarias cuya dificultad ha empezado a hacerse ostensible porque, quienes deben proveerlas, parecieren no dispuestos a ello. Eso implica que alguna parte de quienes al país ingresaron, ciertamente, antes de esa fecha, no podrán regularizarse dificultando así su incorporación a esta tierra, lamentablemente.
Pero tampoco podrán hacerlo quienes llegaron a posteriori de esa fecha en condición de migrantes irregulares porque el citado estatuto no lo permite, lo que respetuosamente creemos es un error.
En efecto, al no permitir la regularización de quien llega en esas condiciones, Colombia incurre en el mismo error de desconocer quién es la persona que ingresa al país: qué hacía en Venezuela, cuáles son sus habilidades y lo que estas pudieren aportarle a su economía y no solo eso, sino que ese migrante competirá de manera desleal –no porque lo quiera, sino porque es la realidad a la cual se le condena- con los nacionales colombianos y los extranjeros que de manera regular hacen vida en el país.
Respetuosamente, consideramos que es preferible que todo el que quiera entrar y hacer vida en Colombia entre al país y las autoridades conozcan de su entrada, lo caractericen, conozcan de sus condiciones personales y habilidades y así pueda la nación aprovecharse de esa circunstancia o, en su defecto, en pleno ejercicio de soberanía, impedirle la entrada. Una política como esa redunda en la seguridad interna nacional, lo que no ocurre negando la realidad de que diariamente, por rutas no controladas, ingresan personas con la esperanza del progreso que su nación le niega.
Los venezolanos que en Colombia nos encontramos queremos contribuir con el crecimiento de esta tierra que nos recibió. Lo hacemos –entre otras maneras- proponiendo políticas públicas aplicables a la migración que redunden en éllo. Regularizar solo a los que llegaron al 31 de enero del 2021 es desconocer una realidad patente. Es una observación respetuosa que nos permitimos hacer.
