Solución y responsabilidad

Por: Gonzalo Oliveros Navarro

Son esos los dos elementos básicos que generan los problemas. Pasa en cualquier situación y lugar del mundo, sea empresa pública o un particular.

En Colombia, durante el gobierno del presidente Duque, Barranquilla fue elegida para ser la sede de los próximos Juegos Panamericanos, acontecimiento este  que es uno de los tres  eventos deportivos  más importante del mundo. Los mismos sirven de vitrina internacional al país que lo organiza y generan ingresos extraordinarios al mismo y a  la ciudad donde se celebrarán -a la cual le quedan también las obras que  se construyen-  mientras se beneficia del  impacto positivo en el empleo que todo ello genera. 

Como consecuencia de que las dos últimas administraciones colombianas no hicieron los pagos correspondientes a los cuales se comprometieron, ni cumplieron otras obligaciones atinentes a la organización del evento, a inicios de este mes la sede le fue retirada al país, originando la activación del primero de los componentes citados de un problema, el reparto de responsabilidades.

La actual administración colombiana se la atribuyó al gobierno precedente; el aludido reaccionó y se defendió, los medios comenzaron la respectiva investigación, en tanto que políticos y entes de control anunciaron la apertura de las indagaciones pertinentes a los fines de establecer la responsabilidad correspondiente.

Superada esa primera reacción, inmediata por cierto, el gobierno del señor Presidente Petro da el segundo paso, tratar de resolver la situación y ordena poner todo el poder del Estado y su influencia internacional para tratar de revertir la decisión. 

Ciertamente que todos desconocemos qué resultado obtendrá Colombia derivada de la gestión ordenada por el Palacio de Nariño, así como la que finalmente se produzca a consecuencia de la decisión del retiro de la sede, más es lo cierto que cada quien está actuando en el ámbito de su competencia a los efectos de reparar la situación y establecer responsabilidades.

En Venezuela, la empresa CITGO está amenazada de ser rematada por acreedores internacionales, con vista a la interpretación judicial norteamericana en el sentido que la misma actuaba, no como una empresa del Estado venezolano y, por ende, responsable de sus propias acreencias, sino como si fuera el Estado mismo y, por ende, plausible de responder por deudas que este genere.

El problema en el caso venezolano tiene doble origen: por una parte la administración Maduro puso en garantía las acciones de la empresa para respaldar obligaciones del Estado y por la otra, según las citadas  instancias judiciales, tanto la administración Maduro como la gestión Guaidó, actuaron en la empresa o respecto de ella como si la misma fuere el Estado venezolano.

La reacción de los dos gobiernos venezolanos ha sido similar: atribuirle la responsabilidad al otro  y mientras ello ocurre, avanza el remate judicial, solo suspendido por una decisión del gobierno Biden.

Las dos gestiones venezolanas, las dos, están obligadas a buscar la manera de resolver el problema en que ambas -repito, según la justicia americana-  metieron a los venezolanos. No es este el momento de discutir el origen de la reclamación o el modus operandi de cada uno respecto de la empresa,  sino el de pensar, de manera conjunta, mecanismos que permitan resguardar para el país esta, si es cierto lo que entiendo, que la misma, tiene para Venezuela,  carácter estratégico. 

A estas alturas del problema resultaría vergonzoso que la administración del señor Maduro y la oposición -a través del gobierno interino representado en la Asamblea Nacional 2015- no se pudieran  poner de acuerdo para defender a CITGO. 

Gústeles o no,  la responsabilidad por la situación de la empresa es conjunta pues, según los jueces, deriva de la actuación de ambas administraciones por lo que, al ser así, deben ser las dos las que consensúen medidas tendentes a revertir con los acreedores la situación en la que CITGO está, lo que me lleva a preguntarme si es que acaso no es posible que convengan proponerle a los acreedores una negociación que implique diferir en el tiempo el pago de sus acreencias, reduciendo el monto de las mismas pues del producto del remate, ninguna cobrará el 100% del monto pretendido,  dado la cuantía de este y el valor de los bienes a rematar.

 Aprovechemos que cada quien tiene su Asamblea Nacional y que, ante la situación ya descrita, los  reclamantes cobrarán una pequeña parte de sus acreencias  con cargo a Citgo, para obtener reducción en aquellas  y plazo para pagar las mismas, manteniéndoles la garantía, en lugar de estar llorando por los rincones o repartiendo culpas a diestra y siniestra.

Redituemos el hecho de que paulatinamente se están levantando las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al país, más fructifiquemos  la oportunidad que, en enero próximo,  deberíamos tener un solo gobierno plenamente reconocido a nivel internacional  -si se cumplen los extremos de lo convenido en Barbados respecto del proceso electoral-  para tratar de salvar CITGO de su eventual ejecución judicial, todo ello sin olvidar que un ente imparcial, confiable para todos, debería establecer las responsabilidades respectivas y los correctivos necesarios para evitar su repetición. Es una respetuosa sugerencia.  

Así como el gobierno del señor Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática lograron consensuar su opinión respecto del Esequibo, a nadie disgustaría que hicieren lo propio -urgentemente- respecto de CITGO. 

 @barraplural